Desde que en diciembre anterior se filtró que la bancada de Morena en el Senado impulsaría una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, diversos organismos nacionales e internacionales, así como colectivos y organizaciones de derechos humanos encendieron luces de alarma advirtiendo que la propuesta implica un retroceso de décadas en la instancia de procuración de justicia federal.
Con todo y ello, el lunes anterior se aprobó en comisiones del Senado la iniciativa de reforma, y este jueves el dictamen entró para primera lectura al pleno, que seguramente lo votará la próxima semana.
Semanas atrás, el Comité Internacional de la Cruz Roja en México (CICR) manifestó su inquietud al advertir que esta reforma podría tener consecuencias negativas en los procesos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
A través de un comunicado la organización humanitaria urgió a profundizar en la implementación y proteger lo ganado, ya que la iniciativa de reforma a la FGR, dificultaría el cumplimiento de las acciones relacionadas con el diseño, evaluación de procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
La Coparmex, también en un comunicado –en este caso posterior a la aprobación de la iniciativa en Comisiones–, señaló que esta reforma pretende eliminar la participación de la FGR en los grupos, juntas de gobierno y comités o comisiones, o bien la representación de programas de organismos de derechos humanos y personas vulnerables, bajo un malentendido concepto de autonomía.
Señala también la organización patronal otras limitaciones contempladas en la reforma: Niega la justicia transicional de los derechos de verdad, justicia y reparación; rechaza la colaboración interinstitucional, al exigir el mando y conducción del Ministerio Público sobre las policías y de la Guardia Nacional; no hay una independencia y autonomía de los fiscales, pues impone un mecanismo de subordinación; elimina el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; elimina al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía y también a la Unidad de Género de la FGR en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres.
«Un cambio muy delicado es que se expulsaría a la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, pues desconoce el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, además de que abandona su responsabilidad para encabezar el programa para Prevenir y Sancionar la Tortura y atenta contra la independencia y autonomía de los fiscales».
En suma, se convierte a la Fiscalía según la Coparmex, en una institución cerrada, opaca e ineficiente.
La dinámica de acontecimientos y noticias quizá no permiten asimilar todo lo que está ocurriendo y analizar el impacto y trascendencia de las reformas que a diferentes leyes se están aprobando en las últimas semanas.
Lo que queda claro es la prisa del grupo en el poder por modificar estas leyes antes de que termine la actual Legislatura, pues quizá ven como un riesgo real que a partir de septiembre no tengan ya la mayoría en la Cámara de Diputados.
Estas reformas rompen equilibrios y socavan instituciones. En el caso de la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía es alarmante el caminar nuevamente hacia la concentración del poder, demasiado poder, en una sola persona.
No debemos seguir indiferentes y ajenos a estos cambios que se están dando de manera gradual, que salvo a los especialistas parecen no preocupar mucho al colectivo, pero que son síntomas de la construcción de un regimen autoritario.
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