Cuando en 2019 se firmó la primera edición del Pacto Coahuila, pronto se convirtió en un referente nacional y las cúpulas empresariales propusieron replicarlo en el país.
Mientras que aquí representantes de los trabajadores y de los empresarios, además de los Poderes del Estado y las Universidades, pactaban generar condiciones de estabilidad laboral, privilegiando el dialogo y los acuerdos, en Tamaulipas la industria maquiladora estaba frenada por paros ilegales.
Recordemos, la activista Susana Prieto paralizó a más de cuarenta factorías en demanda de incremento salarial por encima del pactado a nivel nacional y un bono anual en efectivo para cada trabajador.
Lo ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, detonó el nerviosismo en las cúpulas empresariales, que ponían de ejemplo los acuerdos de Coahuila como modelo para construir estabilidad y entendimiento.
Desde el gobierno federal la respuesta fue interceder por Prieto cuando la detuvo la Procuraduría de Tamaulipas, y cuando la activista salió libre hasta fue recibida en Palacio Nacional, como si fuera un héroe, aunque en realidad su movimiento provocó el cierre de varias plantas.
Al año siguiente, el Pacto Coahuila se firmó apenas unas pocas semanas antes de que entráramos en la contingencia sanitaria.
Cuando a causa de la pandemia hubo que entrar en confinamiento y paralizar actividades productivas, el proceso aquí, si bien difícil por sus implicaciones, fue terso porque había estabilidad, comunicación eficiente entre autoridades y empresas.
Aún más, el gobierno de Coahuila fue de los primeros, y de los pocos, que implementó programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para la conservación del empleo; y en plena contingencia hubo una respuesta inmediata del sector privado para contribuir al abasto de equipo médico y otros insumos.
No hemos sido ajenos desde luego a los efectos de esa crisis, pero se ha avanzado en la recuperación de los empleos perdidos, y se ha logrado equilibrar entre las necesarias restricciones por medidas preventivas y la reanudación de actividades productivas.
Llevar ese equilibrio ha sido posible gracias al clima de entendimiento que se cimentó en el Pacto Coahuila, y se ratifica en cada ocasión en que las diferentes dependencias revisan con comerciantes, prestadores de servicios e industriales, los criterios a seguir de acuerdo a la incidencia de contagios en cada región.
En este 2021, la firma de la nueva edición del acuerdo laboral coincide con la más grave crisis que en materia energética haya enfrentado el país.
Esta semana no únicamente hemos sufrido interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, sino que además se restringió el abasto de gas natural a la industria. Las principales empresas en todas las regiones de la entidad, y en varios estados de la República, se han visto obligadas a parar su producción.
Con el país en emergencia, el miércoles coincidieron en Saltillo actores representativos de la vida productiva de México, el Presidente Nacional de la Canacintra, Enoch Castellanos Pérez; el líder nacional de la CTM, Carlos Aceves Del Olmo y Pedro Américo Hurtado, director de la Organización Internacional del Trabajo en México.
En ese escenario el gobernador Miguel Ángel Riquelme recordó cuál es la esencia y el valor del Pacto Coahuila, concebido como un compromiso para dar certidumbre a quienes generan empleos, se ha convertido en una respuesta organizada de todos los sectores ante la falta de una estrategia nacional para hacer frente a los retos que se nos están presentando en el país.
No se trata de dar privilegios a los empresarios, como argumentan desde la cuarta transformación, sino de hacer valer el estado de derechos y generar certidumbre, condiciones propicias para la llegada de inversiones y la generación de empleos.
Es un esfuerzo en defensa de los intereses de todos.
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