Ciudad de México.- La Oficina de la Presidencia rechazó durante 2020 el 23.7% de solicitudes de información que se le hicieron con el argumento de que no era competente para atenderlas, 419 de un total de mil 767 recibidas, de acuerdo con datos proporcionados a Animal Político por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)
La mayoría, por tratarse de preguntas relacionadas con la pandemia de COVID-19, que efectivamente tendrían que haber sido planteadas a la Secretaría de Salud u otras instancias, pero también algunas que sí le corresponderían, como explicar en qué se basa el presidente Andrés Manuel López Obrador para afirmaciones que hace en sus conferencias matutinas o presupuestos que sí maneja su oficina.
En el año que acaba de concluir se observa un cambio en el patrón de respuestas negativas de Presidencia, ya que durante 2019, no había declarado ni una sola incompetencia. En cambio, había argumentado “inexistencia” de la información en 381 casos, que representaron el 11%, mientras que en 2020 solo dio esa respuesta a tres solicitudes (una de ellas, duplicada en el sistema, por lo que en los hechos fueron solo dos).
En un comparativo con las respuestas que se dieron en sexenios anteriores —hecho gracias a datos obtenidos vía transparencia por la organización Artículo 19 y facilitados a este medio— se puede ver que las declaraciones de incompetencia de este sexenio promedian más del 7%, por encima del 5% promedio que tuvo la Oficina de Presidencia con Enrique Peña Nieto, pero debajo del 11.5% declarado en la administración de Felipe Calderón.
En cuanto a recursos de revisión, es decir, cuando los ciudadanos no quedan conformes con la respuesta y piden la intervención del INAI, en la presidencia de López Obrador se han duplicado respecto a sexenios anteriores. El “índice de recurrencia” era de 6 anteriormente, pero en este sexenio ha sido de 14.3 durante 2019 y de 11 durante 2020.
¿En qué se ha declarado incompetente cuando sí le correspondía?
Un ejemplo de cuando Presidencia se declaró incompetente para responder fue cuando se le preguntó en qué se había basado López Obrador para decir el 15 de mayo que el 90% de las llamadas de mujeres al 911 por violencia familiar son falsas.
La unidad de transparencia de su oficina dijo que eso tenía que preguntarse al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que es quien hace estadísticas sobre las llamadas al 911, a la Secretaría de Gobernación o al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a pesar de la pregunta era directamente sobre los dichos del presidente.
La organización Equis Justicia para las Mujeres, que fue quien había hecho la solicitud 0210000085720, criticó que era una falta de asumir su responsabilidad, y que sería como irle a preguntar a otra dependencia qué quiso decir el presidente.
Otro cuestionamiento sobre dichos de la conferencia mañanera fue después de que el 24 de marzo, López Obrador afirmara que se tenían “en caja” alrededor de 400 mil millones de pesos gracias a lo que se ha ahorrado y evitado en corrupción, por lo que alguien solicitó con folio 0210000057920 los detalles de dónde sacó el presidente ese monto.
Sin embargo, Presidencia contestó que quien era competente para explicarlo era el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o la Secretaría de Hacienda.
Un tema sobre el que se ha negado reiteradamente la información, ya sea con declaración de inexistencia el año pasado o simplemente con el argumento de que no se encontró documentación, es lo que tiene que ver con el Censo de Bienestar que se hizo cuando López Obrador ganó la presidencia y los encargados de su realización, llamados Servidores de la Nación, que dependen de Coordinación de Programas para el Desarrollo de la Oficina de la Presidencia.
A pesar de eso, el 20 de mayo de 2020 su unidad de transparencia rechazó contestar una serie de preguntas planteadas en la solicitud 0210000076120 sobre cómo se contrató a los servidores, con qué fundamento jurídico, o cuánto dinero se empleó para el censo, con el argumento de que eso se le debía preguntar a la Secretaría de Bienestar, encargada de repartir los programas sociales. Aunque Animal Político documentó que esa dependencia también rechaza solicitudes de información al respecto.
Presidencia incluso se declaró incompetente recientemente para proporcionarle a un o una solicitante los Informes de Gobierno que cada año el Ejecutivo presenta el 1 de septiembre ante el Legislativo y que se hacen públicos. Con el folio 0210000077320, alguien pidió la versión digitalizada de estos informes de 2002 a 2018 porque no los encontró. Pero la Oficina contestó que se los pidiera a la Cámara de Diputados.
Bajan otro tipo de respuestas negativas
A la par que el pico de que casi un cuarto de las solicitudes fueron rechazadas con el argumento de la no competencia, otro tipo de respuestas diferentes al envío de la información mediante la plataforma bajaron de representar 35% en 2019 a 16% en 2020. Estas respuestas son que la solicitud no corresponde al marco de la ley, que no se le dará trámite, que no hace falta responder porque la información ya es pública, o cuando al solicitante se le pide precisar más su petición, o que efectúe un pago o acuda a un lugar para recibir lo que pidió.
En total, la respuesta “entrega de información en medio electrónico” casi no varió entre el primer y el segundo año de este sexenio, de 56.1% a 55.1%.
Aunque esto es solo cómo se registra estadísticamente, ya que Animal Político ha podido comprobar que también hay solicitudes que se quedan sin una respuesta real.
Por ejemplo, en mayo se solicitaron detalles de la realización de la polémica campaña “Cuenta hasta 10” contra la violencia familiar durante el confinamiento, ya que la presentó el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Pero al abrir la supuesta respuesta a los folios 0210000086720 y 0210000086820, indicaba que no tenían datos porque el tema había corrido a cargo de la Secretaría de Gobernación. (ANIMAL POLÍTICO)
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