Ciudad de México.- En lo que va de la pandemia, el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha reportado de manera oficial cuántos casos de COVID se han registrado en sus centros de detención. Incluso, en foros públicos negó la existencia de contagios aún cuando estos ya se estaban produciendo.
Sin embargo, documentos a los que Animal Político tuvo acceso por transparencia revelan que van al menos 52 migrantes a los que se les detectó el coronavirus al interior de estaciones migratorias y que la transmisión al interior de las estaciones migratorias comenzó en junio, cuando la institución que dirige Francisco Garduño negaba en público los casos.
A pesar del tamaño de la pandemia en México -más de un millón de casos confirmados y más de 100 mil muertes por el virus-, el INM informó a este medio que, al corte del 26 de octubre pasado, la Secretaría de Salud apenas ha hecho 78 pruebas PCR a migrantes que están detenidos en estaciones y en centros provisionales repartido por todo el país.
Pues bien, de esas 78 pruebas, 52 fueron positivas; casi el 70%.
Mientras que solo 9 fueron negativas y 17 resultaron no concluyentes.
México es uno de los países del mundo con una positividad más alta, de más del 40%, cuando la OMS recomienda una tasa del 5%. Estas cifras se explican por las pocas pruebas realizadas y la política de centrarse exclusivamente en las personas con síntomas.
Para poner en dimensión la escasez de test practicados al interior de los centros de detención: entre abril y septiembre, según la Unidad de Política Migratoria, fueron detenidos 40 mil 362 extranjeros y deportados 16 mil 365. De estos últimos, todos pasaron por un arresto y una reclusión al interior de la estación migratoria. Sin embargo, Salud solo realizó 78 pruebas, de las que la mayoría resultaron positivas. Es decir, que miles de foráneos, en su mayoría centroamericanos, fueron devueltos a sus países sin saber si eran positivos o no.
El protocolo para determinar si había contagios al interior de las estaciones migratorias se limitaba a unos cuestionarios en los que se preguntaba al migrante por sus síntomas y sobre si había visitado recientemente China o Hong Kong. Este fue el protocolo empleado en mayo con cuatro menores de edad devueltos a Guatemala y a los cuales la prueba realizada en su país resultó positiva.
Animal Político consultó al INM sobre la razón por la que no se reconocieron estos casos y cómo se podía garantizar que las personas deportadas no estaban contagiadas, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
En Veracruz la mayor parte de los casos positivos
En casi siete meses de pandemia, el INM únicamente registró 52 casos positivos a COVID-19. De estos, la mayoría se registraron en la Estación Migratoria de Acayucan, en Veracruz, con 18. Las pruebas se aplicaron entre el 15 de junio y el 21 de octubre pasado, cuando solo en ese día se confirmaron 10 casos.
En Chiapas, en la Siglo XXI de Tapachula, la estación migratoria más grande de México, suman siete contagios confirmados, mientras que en la de Palenque, suman otros 5.
En la estación migratoria de San Luis Potosí, suman 6 casos; en ‘Las Agujas’ de Iztapalapa, en la Ciudad de México, van 4; en la de Pachuca, Hidalgo, suman otros 4 casos; en la de Piedras Negras, Coahuila, 3 casos; y en la de Gómez Palacio, Durango, otros 2 casos.
En los centros de detención de Aguascalientes, Chihuahua, y Puebla, también se registró un caso confirmado de COVID1-19 en cada una.
Estos datos oficiales contrastan con lo dicho públicamente por funcionarios del Instituto y por el propio INM a nivel institucional, que han reiterado la inexistencia de contagios entre la población migrante bajo su custodia y responsabilidad.
Por ejemplo, el pasado 6 de agosto, el INM subrayó por medio de un comunicado oficial que no tenía registro “de algún caso de contagio de COVID-19 entre la población migrante alojada en estaciones migratorias, o estancias provisionales”.
Sin embargo, según la respuesta del propio INM a través de transparencia, para ese 6 de agosto ya tenía confirmados al menos 5 casos en sus diferentes centros de detención. Es decir, sí tenía registro de casos cuando informó públicamente de lo contrario.
Incluso, días después de ese 6 de agosto, el INM registró otros 7 casos confirmados, aunque en sus comunicados posteriores no publicó este dato. Como tampoco lo ha hecho para ninguno de los 52 casos que lleva registrados en total, a pesar de que organizaciones civiles defensoras de migrantes, como Sin Fronteras o el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), le han pedido en múltiples foros que transparente la información sobre cuántas pruebas PCR ha realizado a la población migrante detenida.
Otro ejemplo. El pasado 12 de mayo, Carlos Bojórquez, subcomisionado del INM, también dijo en una reunión virtual con diputados que en las estaciones migratorias no existía “ni un solo caso” de infecciones por Covid.
Aunque en este caso hay un matiz: para esa fecha aún no se había realizado ni una sola prueba PCR en las estaciones migratorias. Y sin pruebas, en efecto, lo lógico es que no hubiera “ni un solo caso” de infecciones, como presumió el funcionario federal.
De hecho, la primera prueba PCR en las estaciones y centros de detención del INM no se hizo hasta el 20 de junio pasado, cinco meses después del arranque de la pandemia y cuando ya sumaban en México más de 175 mil casos confirmados y 20 mil 781 muertes a causa del virus.
Falta de transparencia
Desde el momento en el que comenzó la pandemia, las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes alertaron que los centros de detención eran espacios donde el riesgo de contagio era elevado. Desde el 20 de marzo Estados Unidos cerró la frontera y comenzó a aplicar el Título 42, que permite expulsar a los migrantes que tratan de cruzar irregularmente la frontera sin darles opción a pedir asilo.
De este modo, cientos de centroamericanos fueron devueltos a México, que tenía que gestionar los extranjeros a los que el INM detenía más los que le entregaba Washington.
La falta de medidas sanitarias al interior de las estaciones migratorias provocó protestas en lugares como Piedras Negras, Coahuila; Villahermosa y Tenosique, Tabasco. En abril, un solicitante de asilo procedente de Guatemala murió al interior del centro de detención de Tenosique tras un motín al interior en el que se quemaron colchones.
A partir de este momento se inicia una política de vaciado de las estaciones migratorias. En marzo había en los 65 centros de detención para migrantes 3 mil 759 personas encerradas. Para finales de abril, este número se redujo a 106, según informó el INM. Sin embargo, a partir de junio las cifras volvieron a incrementarse.
La falta de transparencia del INM durante todo este período ha sido denunciada por organizaciones civiles y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió diversas recomendaciones alertando sobre la falta de medidas de higiene al interior de los centros de detención.
Esta institución detectó el primer caso de fallecimiento en septiembre: se trató de un salvadoreño que murió en un hospital de la Ciudad de México tras pasar varios días al interior de la estación migratoria de Iztapalapa.
Durante todo este tiempo, el INM aseguró cumplir las normas de higiene para prevenir los contagios. Sin embargo, organizaciones sociales denunciaron que la institución incumple el mandato judicial para seguir las recomendaciones internacionales y ocupar alternativas a la detención. (ANIMAL POLÍTICO)
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