EL MUNDO

Bachelet expresa preocupación por el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados de Venezuela

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25 septiembre, 2020

Chile.-La oficina de la ONU encargada de los derechos humanos registró en tres meses 711 muertes resultantes de operativos de seguridad. La Alta Comisionada llama una vez más a levantar las sanciones económicas en Venezuela, diciendo que pueden “obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”.

En los últimos tres meses y en el contexto del estado de alarma instaurado el pasado mes de marzo en Venezuela, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió documentando casos de represión de las protestas pacíficas y de trabas a la libertad de expresión en el país.

Durante una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las garantías fundamentales en la nación sudamericana, Michelle Bachelet destacó que desde el inicio de julio hasta la fecha se produjeron detenciones de manifestantes que protestaban por los bajos salarios o las pensiones, las carencias de los servicios públicos o la falta de gasolina.

“Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos”, explicó.

Entre las restricciones a la libertad de expresión mencionó “la aplicación de la legislación en contra del odio”, ataques contra los defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas.

La Alta Comisionada mostró su preocupación por el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad.

“Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020”, dijo.

Por ello, consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en el Estado de Zulia el pasado 21 de agosto.

COVID-19 y derechos humanos

Bachelet agradeció los esfuerzos de las autoridades con los migrantes venezolanos que vuelven al país, pero mostró su preocupación ante “el discurso estigmatizador” de algunos dirigentes que responsabilizan a las personas retornadas por cruces irregulares de introducir el coronavirus a Venezuela.

Del mismo modo confirmó la puesta en marcha de protocolos de bioseguridad en los centros de detención, aunque llamó a mejorar “las condiciones de salud, el acceso a agua, alimentos y medicamentos; y a garantizar contactos regulares con los familiares y abogados”, ya sea física o telefónicamente. Pidió también explorar medidas alternativas a la privación de libertad.

Por último, indicó que, según los datos de asociaciones profesionales, el 33% de las muertes por coronavirus corresponden al personal de salud, principalmente por la falta de equipos de bioseguridad y agua en los hospitales.

A la emergencia por la COVID-19 le sumó la alimentaria ya que, según Caritas, la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio de 2020.

Levantamiento de sanciones y poder judicial

Bachelet reiteró su llamado a levantar las sanciones económicas que pesan sobre el país y manifestó que “la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales”.

Con relación al poder judicial, destacó su preocupación por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia “que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral”.

Asimismo, mostró su inquietud por la modificación “del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa” por parte del Consejo Nacional. (ONU NOTICIAS)