El primer gran caso del combate a la corrupción por parte del nuevo régimen está colocando contra las cuerdas al sistema de justicia. El “juicio del siglo” de la 4T, considerado como algo emblemático en el combate a la corrupción está resultando ser un fraude.
El presidente que prometió acabar con la impunidad y los privilegios, está encabezando el juicio más opaco y retorcido de la historia.
El gobierno ha decidido recurrir a la controvertida figura de testigo colaborador para ocultar y proteger al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. La sociedad mexicana no tiene certeza siquiera de que el imputado se encuentre en México debido a que no hay un solo testimonio, fotografía o imagen, que así lo demuestre.
Si bien el testigo colaborador no es inconstitucional —porque está en la ley—, sí se trata de un instrumento de investigación que deja en la más absoluta secrecía la identidad y declaración del acusado. ¿Quién nos dice que, efectivamente, el que está en una cama de hospital es el director de Pemex?
Pero, la razón fundamental por la cual se negoció la extradición de Lozoya a partir de esa novedosa cápsula de protección jurídica es para intercambiar su libertad por silencio.
¿Respecto a qué? A los vínculos que —de acuerdo al The Wall Street Journal— tiene el empresario favorito del Presidente de la República, Ricardo Salinas Pliego, con la compra fraudulenta que hizo Pemex de Fertinal.
De acuerdo a ese y a otros medios, la compra de la planta representó un daño al erario de 193.9 millones de dólares y uno de los principales beneficiarios fue precisamente el dueño de Banco Azteca a quien la 4T entrega mensualmente millonarios depósitos para el manejo de las tarjetas del Bienestar.
Lo digo de otra manera. El principal socio que tiene López Obrador para repartir dinero con el propósito de comprar la conciencia y el voto de la gente se llama Ricardo Salinas Pliego. Un aliado financiero y político que puede ir a cualquier parte menos a enfrentar un juicio.
Así que, quien se está quedando con el control de las llaves de las rejas no es precisamente el gobierno, sino Emilio Lozoya. El silencio del ex director de Pemex, es a cambio de una serie de privilegios, incluida su libertad.
Ni Peña, ni Videgaray y menos Salinas Pliego irán a la cárcel. Todos forman parte del mismo tablero de ajedrez donde el testigo colaborador evitará con su silencio —porque así se negoció— dar jaque mate al rey. Es decir, a López Obrador.
¿Encuentra usted, lector, alguna diferencia entre la simulación del pasado con la del presente? Para evitar que la protección a Lozoya se lea como impunidad, al presidente le ha dado por reproducir su discurso de toma de posesión.
En él dijo que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo”. Que en el pasado neoliberal “predominaba la inmunda corrupción pública y privada”.
Sin embargo, en esta farsa, montada con clara intención propagandística, para dar la impresión de que la corrupción se persigue sin piedad, terminará impune esa minoría que ahora, será perdonada, por dormir en la misma cama del presidente.
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