Miguel Riquelme y 11 mandatarios estatales de las Alianzas Federalista y Centro Bajío Occidente se reúnen virtualmente para abordar el estado actual de la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y sus efectos económicos y sociales
Los gobernadores de la Alianza Federalista y la Alianza Centro Bajío Occidente (Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosi y Tamaulipas) celebraron la primera reunión virtual de trabajo conjunta para abordar el estado actual de la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y sus efectos económicos y sociales.
“El de hoy con mis colegas gobernadores es un gran paso en la búsqueda de salud, justicia, seguridad y desarrollo para los ciudadanos de nuestros estados”, expresó Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila.
“Nos pronunciamos sobre lo que el País necesita, lo que los ciudadanos a quienes servimos necesitan frente a la contingencia de salud, económica y de seguridad que atraviesa todo el País: un Pacto Federal justo, equitativo y responsable”.
Durante la reunión, los gobernadores acordaron intensificar la coordinación de esfuerzos para proteger la salud de los ciudadanos y reactivar en el corto plazo la economía de las regiones.
Los mandatarios estatales compartieron su preocupación por el hecho de que el sistema federal no haya podido articular una respuesta coherente para hacer frente a la crisis de la Covid-19 y la ausencia de un plan integral de impulso a la economía, en el que concurran la Federación, las Entidades Federativas y los sectores económicos y sociales del País.
En ese sentido, los gobernadores expresaron la importancia de avanzar hacia un nuevo federalismo cooperativo y responsable, es decir, a un nuevo modelo de descentralización articulado a partir de atribuciones, responsabilidades y deberes claramente delimitados, que permita el fortalecimiento de las capacidades locales y que multiplique los esfuerzos institucionales para detonar el desarrollo sustentable con un enfoque regional.
Este nuevo federalismo permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de la entrada en vigor del T-MEC, acelerar la recuperación económica del País, fortalecer las finanzas públicas y promover la inversión público-privada en infraestructura y en servicios públicos.
Tras compartir los datos prospectivos de la economía y el impacto en la inversión y el desempleo provocados por la pandemia, y hacer un balance de las medidas tomadas por los gobiernos estatales, se hizo énfasis en las distorsiones vigentes del Sistema de Coordinación Fiscal y el trato inequitativo de que reciben las Entidades Federativas, sobre todo ante la caída inevitable de la recaudación federal participable, de la reducción del gasto federalizado, y de la centralización de recursos por parte de la Federación.
Los gobernadores hicieron hincapié en que la condición necesaria para renovar el federalismo mexicano es un nuevo Pacto Fiscal, más justo, equitativo y, sobre todo, sensible a las particularidades de cada polo regional según sus vocaciones de crecimiento y competitividad.
En ese sentido, los dos bloques de gobernadores acordaron formar una mesa de trabajo encargada de impulsar un nuevo federalismo y, en particular, elaborar un planteamiento formal al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para revisar los términos y las condiciones de los instrumentos jurídicos de adhesión y coordinación en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, en el entendido de que conforme a la Constitución de la República, el Pacto Fiscal es un acuerdo de voluntades entre la Federación y las soberanías estatales, que debe evolucionar en el tiempo según las circunstancias y desafios del País, sin perjuicio de convenir cambios estructurales que fortalezcan a las haciendas públicas y mejoren la calidad del gasto público nacional.
En el marco de este planteamiento, los gobernadores ratificaron su ánimo y disposición permanente dialogar con la Federación para atender los problemas comunes y construir una respuesta de este desafío sanitario, económico, social y de seguridad que enfrenta el País. (EL HERALDO)
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