La justicia en Coahuila, reto al destino cibernético
En nuestro estado, la justicia tiene el mismo sustrato de toda la ejercida a nivel nacional: las mismas y muchas fallas -ya sea a propósito o por omisión-, largas historias de desconsuelo, tristeza, tropiezos y algunas, aunque no muy populares, de finales felices en sus alforjas.
A la fecha, muchas personas la andan buscando sin un consuelo y ese peregrinar ha sido infructuoso: México se pregunta por el paradero de la justicia. Se hace un vacío enorme, se apunta en todas direcciones sin dar con una brújula calibrada para resolver la cuestión.
Y es que, se dice que la justicia es: ingrata, parcial, ciega, inoportuna, lenta, se grita en todos los tonos, se habla de impunidad y arbitrariedad constante. Se presta a sospecha de arreglos turbios y por debajo del agua.
Vea usted las cifras: “En México se resuelve sólo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154,557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94.8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (que es de 24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios)”.
El colapso del sistema jurídico mexicano es un desastre, como balde agujerado tira agua por todos lados, con agujeros hechos a propósito.
¿Cuántos años se necesitan para esclarecer los homicidios en Coahuila?
No lo sé a ciencia cierta, pero por fortuna, las estadísticas comienzan lentamente a revertir ese rezago, ahora que el propio presidente del Tribunal Miguel Mery Ayup ha dado la posibilidad de dar un salto tecnológico en la operación de la justicia. Es buena la intención de operar junto a la tecnología pues ésta ofrece la posibilidad de transformar los documentos elaborados en papel, en medios electrónicos de información y documentación. Sólo que requiere de afanarse en muchas actividades que son procesos sin los cuales no se logra la actividad soñada.
Este acortamiento de la brecha en los asuntos legales y documentales es importante, como los que se pueden realizar en el Archivo del Poder Judicial que, a la fecha, está mudo y con una precaria organización que dificulta rastrear asuntos. Tan débil es que, si no tiene el número de expediente, es difícil -si no imposible- recobrar el documento por otra entrada o llave de acceso.
Por años, cuando menos desde su inicio en 1821, el expediente se utiliza poco y se organiza menos, por esa razón los almacenes y bodegas comenzaron a ser insuficientes hasta llegar a este momento donde explotan de documentos sin una clasificación y catalogación adecuada, sin ser depurados, y lo más grave: sin ser puestos al servicio de la sociedad, que demanda transparencia en el manejo de la justicia.
Las bodegas llenas de documentos necesitan una actualización severa, como la sucedida en el propio Poder Judicial en recientes fechas, específicamente en el área penal donde se dio vía electrónica el primer juicio oral en Coahuila.
Es alentador y afortunada esta apertura, “abrir las ventanas” para que entre aire fresco al recinto del Poder Judicial. Profunda organización de los procedimientos y documentos se espera, sin duda, en el Poder Judicial del Estado, pero eso sí, hay mucho trabajo por hacer.
La documentación existente requiere urgentemente una transferencia a formatos digitales que resguarden y hagan más expeditas las búsquedas; que se elimine el riesgo de pérdida por las propias condiciones de su almacenamiento y resguardo actual.
Claro que será una obra titánica ya que son cientos de miles de expedientes los que habrá que organizar adecuadamente, pero hay que hacerlo, porque con el transcurrir del tiempo estos documentos serán una ventana que nos permitirá tener acceso a los eventos ocurridos en el pasado.
La oportunidad que tiene el Licenciado Mery, presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, de romper el paradigma judicial, es permitida sólo una vez, por ello, debe aventurarse a realizar los cambios necesarios por vía de la aplicación de la tecnología, para poder alcanzar una justicia expedita, transparente, oportuna y suficiente para los coahuilenses.
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