En una ciudad como Saltillo, subir utilizar el transporte público tiene un costo de 13 pesos mientras que abordar el metro en la Ciudad de México cuesta 5 pesos y el metrobus 6 pesos, es ilógico. El combustible, los vehículos y su mantenimiento cuestan lo mismo. Adicionalmente un traslado en la CDMX incluye decenas de km, esa mismo recorrido aquí te lleva hasta otra población. Esto se repite con números similares en todas las ciudades medias y grandes del país.
Hay quien defiende esta abismal diferencia con el argumento del volumen. Cuesta menos porque hay mucha gente. Falso, a un autobús no le cabe más gente aquí que allá. Esto sucede porque la CDMX subsidia el transporte y otros servicios con los impuestos de algunas regiones del país. Pero sucede igual con el agua, con la electricidad, con el combustible y con otras regiones.
Estamos ante un claro ejemplo de injusticia en la distribución de los recursos públicos en el país. Hace ya cuatro décadas se hizo un mecanismo de recaudación y distribución de recursos que se llama Coordinación Fiscal, indispensable entonces para impulsar el crecimiento del país, pero hoy resulta inoperante y sobre todo injusto.
Este modelo de coordinación fiscal parte de que la federación recauda un solo impuesto, igual en todo el país, a cambio de que los estados dejen de cobrar muchos impuestos que les permite la Constitución. La contrapartida es que la federación hace transferencias llamadas participaciones a los estados calculadas de acuerdo a variables como población, marginación y recaudación entre otras.
Hace años se estableció un modelo de descentralización donde los Estados asumen funciones antes reservadas a la federación como educación, salud, seguridad, medio ambiente, entre muchas otras. Esas obligaciones debían venir acompañadas de transferencias llamadas aportaciones, lo que no siempre ha sucedido.
De modo que la injusticia es que las transferencias federales favorecen la pobreza, la marginación y las altas tasas de población. Esto deja en clara desventaja a estados como Coahuila, con poca población y con marginación y cada vez con mayores responsabilidades, como ejemplo las epidemias y la seguridad. Esto a favor de entidades con altas tasas de marginación y población elevada. Este exceso de solidaridad es suicida, el resultado es restar competitividad a las entidades que aportan más de lo que reciben. El resultado es que después de 40 años las entidades más rezagadas siguen siéndolo. Igualmente es injusto hacer el trabajo de la federación sin que manden el dinero necesario.
Esta sencilla evaluación denota que el modelo actual de distribución regional de los fondos públicos no está funcionando. En vez de impulsar el desarrollo nos lleva hacia una pobreza generalizada. Es urgente establecer un mecanismo que funcione con reglas distintas. Sin duda que tenga un componente de solidaridad regional, pero que impulse el desarrollo y sobre todo que no premie la marginación.
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