Ciudad de México.- En un intento por frenar el crecimiento de las extorsiones en México, delito que en 14 estados ya es el de mayor incidencia, el gobierno puso en marcha una nueva estrategia sustentada en la creación de una base nacional de números de extorsionadores, y en el rastreo, identificación y neutralización de las cuentas que se utilizan para cobrar estos fraudes.
Se trata de un plan coordinado entre el gobierno federal y todos los estados del país, articulado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Centro Nacional de Información (CNI) en lo relacionado con la base de datos, y por la Unidad de Inteligencia Financiera para la desarticulación de las redes de cobro.
La estrategia parte del reconocimiento hecho por el gabinete de seguridad de que la extorsión se ha convertido en un foco rojo en el país, para el cual no se implementaron en los últimos años acciones efectivas que permitieran abatir su incidencia.
Como resultado, esta actividad ha crecido al punto de que en un año las extorsiones consumadas generaron ganancias por más de 12 mil millones de pesos, dinero equivalente a la suma completa de los fondos y subsidios federales para seguridad aprobados para 2020.
A continuación, Animal Político detalla los puntos clave del diagnóstico y la estrategia que se han anunciado.
Extorsiones en ebullición
De acuerdo con el diagnostico oficial del CNI, las carpetas de investigación iniciadas por el delito de extorsión han tenido un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años. Mientras que en 2015 se denunciaron 5 mil 72 casos, en 2019 la cifra fue de 8 mil 266, un crecimiento del 63% en la incidencia.
El delito se ha disparado al punto en que, de acuerdo con la información de las encuestas de victimización, a nivel nacional la extorsión es el segundo ilícito más frecuente solo detrás del robo en la calle o en el transporte. Prácticamente uno de cada cinco delitos que se cometen son extorsiones. Se estima que en 2018 se habrían cometido 5.7 millones de extorsiones, tomando en cuenta que la mayoría ni siquiera se denuncian.
Hay 14 estados del país donde incluso el delito de extorsión es el número 1 en incidencia por encima de los robos.
Además, entre 2017 y 2018, hubo un crecimiento de las extorsiones consumadas con el pago a los delincuentes al pasar de 6.8 a 7.1% de los intentos.
Las tres fallas en el combate
El diagnóstico oficial reconoce tres puntos débiles en las estrategias de combate a la extorsión que se han implementado en años anteriores.
Por un lado, se encuentra la ausencia de un plan real y unificado a nivel nacional para prevenir las extorsiones y fraudes telefónicos. A ello se suma la falta de datos suficientes y útiles para combatir este delito, que a su vez tampoco permiten generar acciones de inteligencia.
Y como tercer punto se identifica la ausencia de campañas de comunicación a escala nacional efectivas que le permitan a las personas saber, por ejemplo, que puede reportar extorsiones a la línea 089 y solicitar que hacer en caso de ser víctima de un intento de ellas.
¿Para qué una base nacional?
Técnicamente denominada “Base Nacional de Presuntos Números de Extorsiones y Fraude Telefónico” es un registro nacional en donde se capturarán los números de intentos de extorsión telefónica consumados o no, y diversa información relacionados con los mismos.
Será alimentado periódicamente de todas las llamadas de extorsión reportadas a las líneas de emergencia 089 y 911, así como a los distintos centros estatales y de control en los estados que también reciben sus propios reportes.
El objetivo de esta base será, según el acuerdo oficial publicado: identificar, prevenir y mitigar todos los delitos y actividades ilícitas vinculadas con la extorsión y fraude telefónico
¿Qué información contendrá la base?
Cada registro en la base tendrá 21 tipos de datos distintos que van desde el número del cual se registró el intento de extorsión, hasta si esta se consumó, una descripción de la modalidad utilizada, la localidad y fecha del reporte, el número de cuenta bancario y la sucursal donde fue pagada la extorsión si es el caso, entre otros.
Para el llenado correcto de estos registros el CNI emitirá un manual específico que será distribuido a las instancias que reciben reporte de extorsión en todo el país a más tardar en tres semanas.
¿Cuándo estará lista?
El acuerdo publicado señala que en un máximo de 30 días hábiles (mes y medio) las distintas autoridades que reciben reportes de extorsión deberán ingresar la información al sistema vía web, con protocolos que se preparan para ello.
De forma inicial el gobierno ya cuenta en la base con un registro de 111 mil números telefónicos recabados en una fase piloto a través de la línea 089. “Las entidades ya están enviando la información y esto va muy bien” dijo a este medio David Esparza, director del CNI.
¿Quién podrá acceder a la información?
A la base de datos completa solo podrán acceder autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las autoridades en los estados responsables del ingreso de la información. Todo ello será con claves de usuario específicas por persona que además serán monitoreadas.
Por otro lado, el CNI firmará convenios de accesos e intercambio de información con instancias especializadas como, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera. Ello para que pueda acceder a datos en específico que les permitan generar investigación e inteligencia.
El director del CNI, David Esparza, dijo que la base de datos no es para el conocimiento público sino para el manejo y aprovechamiento de las autoridades. No obstante, explicó que se alista una versión pública con datos generales que podría estar a disposición de la gente en el mediano plazo, sin que aun haya fecha precisa para ello.
Penales, centros telefónicos y redes de extorsiones
El otro pilar de la nueva estrategia contra la extorsión recae en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y tiene como objetivo de lograr la identificación y desarticulación de las redes financieras a través de las cuales se cobran las extorsiones que se consuman y se desplazan los recursos.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que han identificado como objetivos prioritarios desarticular las redes de extorsión que operan desde los centros penitenciarios del país, de donde se calcula que surgen el 85% de extorsiones, pero también de una modalidad más reciente que opera a través de los centros telefónicos conocidos como “call-center”.
En entrevista con Animal Político Nieto explicó que una buena parte de las extorsiones, particularmente las telefónicas, requieren de un pago que en algún momento se realiza a través de una cuenta bancaria o un número de tarjeta de débito.
El seguimiento de estas cuentas, a las que UIF tendrá un mayor acceso gracias a la base de datos que se está construyendo, podría arrojar pistas suficientes para seguir la ruta del dinero detrás de esta actividad criminal. (ANIMAL POLÍTICO)
ESTA INFORMACIÓN SE PUBLICÓ ORIGINALMENTE EN ANIMAL POLÍTICO: https://www.animalpolitico.com/2020/04/numeros-cuentas-claves-plan-extorsiones/
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