Colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país, exigieron a través de un comunicado la continuidad en la búsqueda de personas aún en medio de la pandemia por Covid-19.
“Exigimos que, si nosotras no paramos, las instituciones obligadas por Ley a buscarles tampoco lo hagan. Hay muchas maneras de hacer la búsqueda”, señalan.
Agregan que, sabiendo que hay que tomar las medidas sanitarias frente al Covid-19, y ya que las familias desde sus casas continúan trabajando junto con las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, existen algunas acciones que están pendientes de realizarse y que pueden avanzar en este tiempo de resguardo.
Entre ellas citan el programa nacional y programas estatales y/o regionales de búsqueda de personas desaparecidas, con cronograma de actividades que incluya a la población migrante; otro punto es el Registro Nacional y Estatal de Personas Desaparecidas, incluyendo la información de personas migrantes desaparecidas, así como los protocolos para su funcionamiento.
Así también, el protocolo o lineamientos que debe realizar la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el Mecanismo de Apoyo Exterior para la búsqueda y justicia de personas desaparecidas en México, funcione desde los países de origen en consulados y embajadas.
Otro aspecto es el estudio, sistematización y análisis de cada caso, con un enfoque de investigación macro-criminal del fenómeno, así como la realización de la estrategia de todos los casos, que incluya los pasos a seguir tanto en trabajo de campo como en investigación para la búsqueda por otras vías.
“Generación de metodologías de investigación y búsqueda -en vida y en campo utilizando nuevas tecnologías que no requieran al personal en campo, utilizando fuentes abiertas; e informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda, elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones”.
Piden recabar y cruzar la información contenida en las bases de datos y registros que establece la Ley, así como con la información contenida en otros sistemas que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida o no localizada; y generar la interconectividad entre las bases de datos, que apoyen en la búsqueda y la investigación.
Generar junto con las familias y organizaciones, modelos de búsqueda y de investigación contextualizada, abandonando la mirada de caso a caso y, sobre todo, enfocando responsabilidades en cadena de mando y en actores del estado copartícipes o cómplices; también generar con estos actores, mecanismos extraordinarios de búsqueda y de justicia.
“La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), ha sido una institución que no ha estado al servicio de las víctimas y últimamente ha rechazado incluso a la población migrante. Es tiempo para que pongan en orden esa institución, para que recupere el fin para el que fue creada: que las familias cuenten con los apoyos que requieren para seguir llevando a cabo la búsqueda y la Justicia”.
En este mismo sentido, subrayan que se requiere que todas las personas desaparecidas formen parte de su registro nacional, y se hagan los trámites necesarios para que las familias cuenten con las medidas de atención, incluyendo a las familias de personas migrantes.
“En estos momentos es cuando más se requiere se tomen las medidas urgentes que garanticen los derechos fundamentales a la vida, la salud, la vivienda, alimentación y trabajo”.
Finalmente, apuntan que los agentes del Ministerio Público pueden seguir teniendo seguimiento de los casos con las familias a través de medios electrónicos (correo electrónico, llamadas telefónicas, Skype o cualquier medio que sea útil).
“La pandemia también nos enseña que hay que romper con la burocracia y formalismos excesivos que son los que impiden que avancemos en la búsqueda y la justicia”.
Estas acciones, precisan, las pueden ir realizando instituciones públicas como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus homólogas a nivel estatal.
Entre los firmantes están las organizaciones civiles Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Coahuila y México (FUUNDEC-FUNDEM), y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso Honduras (COFAMIPRO), del Centro de Honduras (COFAMICENH), y El Salvador (COFAMIDE).
La Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); el Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, Guanajuato; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos, y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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