OPINIÓN

¿LA DEFENSA PÚBLICA DE LAS VÍCTIMAS?

Por

28 febrero, 2020

POR LUIS EFRÉN RÍOS VEGA

El derecho a la defensa pública como servicio de justicia es fundamental para una sociedad entre iguales. Las personas que reclaman la protección judicial de sus derechos y libertades dependen en gran medida de una buena defensa. Los jueces, en ciertos casos, pueden suplir -pero no sustituir- al defensor. No hay justicia, sin defensores que la defienda.

En la reforma propuesta por el Poder Judicial federal destaca el fortalecimiento de la defensa pública. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, destacó este nuevo perfil que pretende “devolverles la esperanza de justicia a los más débiles”. Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que lo que más le gustaba era la idea de garantizar la defensa de la población más vulnerable. Recordó el pensamiento de Morelos, El siervo de la nación, sobre el derecho a la defensa contra el arbitrario: los fuertes, dijo, tienen siempre recursos, relaciones y mejores conocimientos para defenderse. El débil, no.

Esta propuesta no sólo es justa y necesaria. Reside en la esencia de la 4T: “primero los pobres”. Zaldívar inició, desde hace un año, con una nueva política de defensa, de personas más discriminadas. Este es uno de sus proyectos centrales.

Entre los más desprotegidos, sin embargo, se encuentran las víctimas de la violencia. Ellas, como lo ha dicho López Obrador, son el saldo más doloroso de lo que llama el periodo neoliberal. Miles de desaparecidos, ejecutados y torturados son parte de la mayor crisis de los derechos humanos que el gobierno de México ya reconoció ante los órganos internacionales e interamericanos desde el inicio de su gestión.

Fortalecer la defensa pública de las víctimas, por tanto, es un área de oportunidad del Senado de la República. En la presentación de la iniciativa, el senador Ricardo Monreal asumió el compromiso de mejorar la iniciativa. La obligación de defender en forma pública y gratuita a las víctimas, no sólo es un deber internacional y nacional de primer orden, sino es la deuda más sentida que hoy el pueblo de México tiene con miles de personas que no tienen protección ni acceso a la justicia.

Karla Quintana ya nos recordó, con datos duros, la desigualdad que existe entre la defensa pública de las víctimas y los inculpados. En un estudio nos demostró que los defensores públicos de los inculpados son muchos más, ganan más, tienen menos casos y mejores oficinas que los asesores de las víctimas (La Silla Rota: 26/10/2018). Ahora, con la reforma, tendrán un servicio de carrera que les generará un perfil más profesional. Esta asimetría es una violación más del Estado mexicano: la persona acusada tiene mejores garantías de defensa que la persona que resiente el delito. Es una gran injusticia.

Las personas víctimas de violaciones graves, por definición universal, nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, pero su realidad es otra: son los más débiles, desiguales y desprotegidos. Las comisiones de víctimas, federal y locales, ellas sí nacieron débiles y desiguales. Sus funciones básicas de registrar, atender, asesorar y reparar requieren una nueva reingeniería institucional. En eso están, pero no saben cómo empezar. En la era de la defensa pública de los pobres se debe discutir la defensa de las víctimas. Ellas no han entrado a la casa de la justicia. La puerta giratoria es peor: ni siquiera los dejan pasar. Los poderes judiciales en México deberían asumir esta obligación: al final es un servicio de justicia. Hace tiempo absorbieron las llamadas defensorías de oficio. Hoy, con visión de Estado, es momento de hacerse cargo de la protección de las víctimas.

El Senado podría avanzar en el consenso constitucional: dialogar con las víctimas e instituciones para constitucionalizar la defensa pública a favor de ellas en el Poder Judicial.

POR LUIS EFRÉN RÍOS VEGA

MAGISTRADO DEL PJ DE COAHUILA

@LERIOSVEGA