El Congreso debe reformar la ley para que el gobierno federal pueda reclamar los millonarios recursos incautados al crimen en un plazo de 90 días por la vía de la extinción de dominio, y no tener que esperar años para poder hacerlo, propuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.
Al participar en el 3er Foro Interparlamentario sobre Seguridad en la Cámara de Diputados, el funcionario planteó a los legisladores una serie de reformas, como un tipo penal específico para procesar a los prestanombres y acortar el plazo para solicitar la extensión de dominio, informó el periódico El Heraldo de México.
Apuntó que la reforma daría oportunidad al gobierno de reclamar los 4 mil 554 millones de pesos y los 52 millones dólares que la UIF bloqueó en 2019 a través de 12 mil cuentas.
“La opción B –como no tenemos un procedimiento- podría ser reformar la ley, y permitir que en esos casos se genere una especie de abandono administrativo; es decir, si pasan 90 días y nadie ha reclamado una cuenta, pues perdónenme, podríamos en ese momento solicitarle al ministerio público que inicie la extinción de dominio de esos bienes”, explicó.
Nieto Castillo propuso “establecer un tipo específico para el testaferro”, que puede ser sancionado el servidor público, el líder del cártel etcétera, pero generalmente los bienes ya fueron distribuidos en su entorno cercano y por lo tanto la figura de sancionar de manera especial al testaferro sería un primer paso. (EL HERALDO DE MÉXICO)
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