OPINIÓN

LA CFE DE MAL EN PEOR

Por

20 febrero, 2020

En el verano del año anterior, durante un encuentro circunstancial en el aeropuerto de Monterrey, un ciudadano pidió a Manuel Bartlett, director de la CFE, poner atención a la situación que afrontaban los productores de manzana de la sierra de Arteaga.

No alcanzó a explicar dicha situación, pues el funcionario le interrumpió: «No quieren pagar la luz, ¿verdad?».

«Sí queremos pagar», le aclaró, y Bartlett entonces replicó «Ah pero quieren pagar menos». Tampoco.

Lo que estaba ocurriendo, y se le dijo, era que a partir de la reestructuración que dividió a CFE en varias empresas, ya no se atendían ni siquiera las solicitudes para reconexión de servicios que al utilizarse únicamente durante pocos meses al año, entran en baja temporal. Para lograr el suministro había que buscar a alguna cuadrilla y ofrecer una compensación «por el favor».

Ahora que la Comisión dividió sus áreas, la única a la que tienen acceso los usuarios es la comercial, que sin embargo no tiene control sobre la de distribución, y no hay una instancia formal para dar seguimiento a varios trámites por lo que se depende de lograr buenas voluntades.

Bartlett, como buen político, prometió tomar cartas en el asunto, pero desde luego nada ha cambiado.

La mención viene al caso porque refleja en algo la realidad que deben afrontar los usuarios de la CFE cuando quieren hacer las cosas de la manera correcta, pues directivos de la paraestatal acaban de dar a conocer esta semana lo que les cuestan anualmente las malas prácticas de quienes se van al margen de la ley.

En 2019, según informes del director general de distribución, la CFE tuvo pérdidas por más de 25 mil millones de pesos por diferentes modalidades de robo de energía.

Los usuarios que se roban el suministro están desde en comunidades rurales de la Sierra de Guerrero, hasta en parques industriales de ciudades fronterizas de Tamaulipas, y el elemento en común es que en ambas partes no se permite el acceso del personal de la Comisión, ni a tomar lecturas, exigir pagos o interrumpir el servicio.

Hay casos en que incluso participa la delincuencia organizada, según el funcionario de la empresa.

Desde hace años se sabe que por ejemplo la mayoría de los productores de la región manzanera de Chihuahua no pagan por los consumos de sus cámaras de refrigeración. Primero gestionaron tarifas justas, y al no obtener respuesta lo solucionaron a su modo, que evoca al del Viejo Oeste, pagan a gatilleros que espantan a los empleados de CFE para que no entren a estas áreas rurales.

En la Comarca Lagunera se arrastra una situación similar, más de 400 productores tienen adeudos desde hace varios lustros, en algún momento con gestión del gobierno estatal se les hicieron condonaciones del 80 por ciento a quienes debieran menos de un millón, pero ni así se pusieron al corriente y el problema ha crecido una vez más.

Estos casos no son leyenda, ocurren realmente, pero el gobierno ha preferido cerrar los ojos, tapar las pérdidas cargando la mano a otros usuarios.

Y a la par se da otra situación grave, miles de usuarios que sí tienen medición, pero simplemente no pagan. Eso significó el año anterior 55 mil millones de pesos, casi un 25 por ciento más de lo que se reconoció en 2018.

A nadie debe sorprender el crecimiento en la morosidad ya que el propio presidente López Obrador la alentó desde su campaña cuando llamó a los habitantes de Tabasco a no pagar como una muestra de resistencia civil.

Llegó López Obrador al gobierno, y primero les condonó a los morosos de Tabasco once mil millones de pesos, luego les autorizó por decreto la tarifa más barata del país.

Todos queremos un trato igual.

Pero al parecer la Comisión tiene diferentes varas para medir. Una, paternalista, cuando eres de Tabasco; otra, pusilánime, si tienes un gatillero que cuide tu medidor; y la de castigo si eres un usuario convencional.

Ahora a los usuarios de alto consumo que tienen instalaciones de sub estación y transformador, se les está notificando que deberán cumplir con una certificación, exigencia que entró en vigor desde julio del año pasado, y si se les sorprende en incumplimiento hay sanciones que van hasta el 10% de los ingresos brutos anuales. De ese tamaño.

Claro la certificación se puede conseguir previo compromiso de pago de una iguala a un «externo», que la extiende si además se le compra un equipo de monitoreo «indispensable para el trámite».

Bartlett, como el Presidente, dice que les dejaron un mugrero. Pues parece que encontraron más cómodo subirse a ese tren que procurar un cambio, pues las cosas no han hecho sino empeorar.