Cifra negra
Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades de Coahuila, en específico al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante; al Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara; y al Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero por la desaparición de cuatro personas ocurrida hace diez años.
Las víctimas, de acuerdo a la investigación del organismo, fueron entregadas presuntamente por policías municipales de Torreón a integrantes de la delincuencia organizada.
Fueron los años de mayor violencia en Coahuila y en el país. En ese momento era el entonces panista José Ángel Pérez Hernández el alcalde y aunque el político se fue a las filas de Morena, es hoy otro panista Jorge Zermeño Infante al que se le exige una disculpa pública.
¿Dónde están esos policías? ¿Siguen en activo? ¿Cuál fue o será la sanción que se les imponga? Nadie sabe que ocurrió con los responsables de aquellos años, se presume incluso que muchos siguen en activo arropados por las instituciones que justifican la estancia de estos elementos con una falsa contención desde el interior de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia.
El Fiscal Gerardo Márquez Guevara habla incluso de que cada mes, como parte del Plan Estatal, se realiza una exhumación al mes que equivale a 4 o 5 cuerpos para identificar; sin embargo, se topan con la presencia de un cadáver más que fue ubicado en la fosa común en los años 2009, 2019 o 2011.
Y aunque oficialmente en México se habla de una cifra de alrededor de 40 mil desaparecidos y en Coahuila de 2 mil 125 carpetas de investigación, existe una cifra negra que podría igualar incluso superar los números oficiales.
Yolanda Morán Isais del colectivo «Búscame», revelo que dentro de estas organizaciones que se dedican a la búsqueda en vida de sus seres queridos tienen casos de familias que no han denunciado por amenazas, intimidaciones y el miedo que infunden estás bandas de criminales.
«Aquí en Coahuila hay familias que no han denunciado, los siete colectivos sabemos y tenemos en nuestras filas a familias que no han denunciado», aseguró la activista.
Por ejemplo, en Piedras Negras el colectivo para la búsqueda de desaparecidos reporta alrededor de 450 familias que se sumaron al organismo pero no confían en las autoridades.
Incluso de las 300 muertes ocurridas en la masacre de Allende prefirieron desplazarse antes de denunciar, debido a la colusión de autoridades. Hay que recordar que ahí el alcalde en turno y hasta el propio Obispo de Saltillo, Raúl Vera López sabían lo que ocurría y nadie dijo nada.
La activista lo dice y lo dice bien, los números son mayores pero a ningún Gobierno ni municipal, ni estatal ni federal le conviene que se conozcan.
Mientras tanto, las viudas y los huérfanos de este fenómeno social siguen con la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida y poder enfrentar las omisiones del pasado y las conveniencias políticas del presente.
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