Ciudad de México.- La polémica que causó un mensaje emitido por la Secretaría de Gobernación sobre posibles operativos dentro de aeropuertos, posterior a un acuerdo con la Asociación Nacional de Taxis, podría desencadenar una nueva regulación en este tipo de terminales.
Expansión publicó que en el país hay 82 aeropuertos, de los cuales 56 están categorizados como internacionales, mientras que 26 son nacionales, de acuerdo a cifras de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. La terminal más importante es el Aeropuerto de la Ciudad de México, seguido del aeropuerto de Cancún y del aeropuerto de Guadalajara.
En estas terminales la concesión por una flotilla de taxis se renueva cada cuatro años, donde para participar se deben de evaluar las condiciones del automóvil, las licencias de los choferes, la capacidad de operación y en últimas modificaciones la digitalización del servicio.
“Creo que lejos de ponerle barreras a las aplicaciones, lo que se tiene que hacer es poner un piso parejo, reducir las barreras a la entrada de los competidores de los aeropuertos y aprovechar los avances tecnológicos que hay. Algo interesante de la polémica que surgió es que por primera vez el regulador federal está entrando en la discusión y esto podría ayudar a que la regulación de movilidad, no sólo sea estatal, sino federal y eso es positivo” indicó Oscar Ruiz, coordinador de Tecnología y Ciencia de Datos dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad.
El experto además indica que aunque la comunicación de parte del gobierno federal no ha sido del todo clara, de acuerdo a los taxistas sí han accedido a revisar y elevar los estándares de calidad dentro de los aeropuertos.
“El gobierno debe evaluar la situación y ver por qué los usuarios prefieren usar los servicios de las aplicaciones de Uber o Cabify, por encima de las opciones de taxis que hay en estas terminales. Nosotros vemos que sería un error garrafal sólo cortarles el paso a las apps y no revisar qué es lo que pasa con los usuarios con detenimiento” precisa Ruiz.
En el comunicado de la Secretaría de Gobernación indicaba que tras una mesa de diálogo con el Movimiento Nacional de Taxistas se solicitaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Guardia Nacional (GN) o equivalente, acciones federales para realizar operativos de revisión en los 56 aeropuertos del país y áreas de jurisdicción federal, pero en el mismo, no se indica el tipo de operativos que iban a realizar.
Posterior a la difusión del comunicado, Ricardo Peralta, subsecretario de la Segob, dio a conocer otro nuevo comunicado en el que precisaba que no se trata de realizar operativos en contra del funcionamiento y operación del servicio de taxi a través de aplicación, «sino de apegarse a lo que marca la ley», y resaltó que “dado que los aeropuertos son zona federal, ningún tipo de vehículo puede prestar servicios de transporte a no ser que tenga concesión federal, como son los taxis que se ubican afuera de los aeropuertos a lo largo del país”.
¿Quién vigila?
Aunque el experto de IMCO ve como positivo el diálogo que ha iniciado esta polémica, admite que le preocupa quién pueda tomar el control de los trámites y revisiones dentro de las flotillas de taxis en otros estados de la república.
“En el caso de la Ciudad de México se tiene una figura como la ADIP (Agencia Digital de Innovación Pública), pero en otros estados no sé quién podría tomar la batuta para facilitar los trámites de digitalización” argumenta Ruiz.
Además advierte que el papel que deben tomar las tecnológicas debe ser más proactivo, pues ellos pueden tener datos más precisos sobre la operación, los precios que se cobran por viaje, número de viaje, entre otros y de esta forma pueden argumentar que la regulación tanto de taxis, como de las opciones vía aplicación se lleve con mayor justicia.
Adriana Zenteno, directora general de la asociación Mobility as a Services, indicó a Expansión que “el diálogo entre tecnológicas está abierto para resolver los problemas de movilidad ante los reguladores”, sin embargo algunas de las empresas que están dentro de esta polémica, como Uber o DiDi, no están adheridas a la asociación como en gremio conjunto. (EXPANSIÓN)
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