Nueva York.- Un experto de la ONU en derechos humanos pide a los Países y a las grandes empresas de redes sociales que refuercen y revisen sus políticas para combatir el discurso odio en sus plataformas que con su velocidad y alcance pueden dispersarlo y provocar grandes daños en la vida real.
Desafortunadamente, los Países y las compañías no están logrando evitar que el discurso de odio se convierta en la “próxima noticia falsa”, un término ambiguo y politizado sujeto a abuso gubernamental y discreción de las empresas, dijo el relator especial de la ONU para la libertad de expresión.
En un informe histórico que pide el refuerzo de las normas legales para combatir el odio en línea, David Kay hace un llamado a los Gobiernos y las empresas a alinear sus políticas con el derecho internacional.
«El odio en línea no es menos dañino porque está en línea. Por el contrario, este tipo de odio, con la velocidad y el alcance de su difusión, puede provocar graves daños en la vida real y casi siempre tiene como objetivo silenciar a los demás. La pregunta no es si abordar ese abuso, es cómo hacerlo de una manera que respete los derechos de todos”, asegura relator añadiendo que la mayoría de las veces las personas marginadas son los objetivos principales de este flagelo.
En su informe, Kaye expresa especial preocupación por los gobiernos que usan el discurso de odio para restringir la expresión legítima bajo el disfraz de «blasfemia» o que no definen ni hacen cumplir las reglas del discurso de odio de acuerdo con los rigurosos estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y legitimidad de las leyes de derechos humanos.
«Los gobiernos y el público tienen preocupaciones legítimas sobre el odio en línea, pero las nuevas leyes que imponen responsabilidad a las empresas están incumpliendo los estándares básicos, aumentando así el poder de esos mismos actores privados sobre las normas públicas, y corriendo el riesgo de socavar la libre expresión y responsabilidad pública”, dice.
Empresas que valoran más a los accionistas que al público
Agrega que las empresas tampoco están tomando en serio su responsabilidad de respetar los derechos humanos. “Es en sus plataformas donde se propaga el contenido de odio, impulsado por un modelo comercial y herramientas algorítmicas que valoran la atención y la “viralidad”. Esto tiene un impacto masivo en los derechos humanos y, sin embargo, todos fracasan al articular políticas arraigadas en las leyes de derechos humanos, como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos les exigen que hagan”, asegura.
El informe del relator proporciona a las empresas una hoja de ruta para abordar el odio en línea de acuerdo con los principios básicos de las leyes de las garantías fundamentales. Destaca especialmente la ausencia de evaluaciones de impacto en estos derechos en todas las etapas del desarrollo del producto, además de la vaguedad de las reglas de las empresas y la falta de transparencia.
«La comunidad de derechos humanos ha tenido una conversación a largo plazo con las redes sociales y otras empresas de la economía de Internet y, sin embargo, las compañías siguen obstinadamente comprometidas con políticas que van en contra de la libertad de expresión y privacidad, así como con prohibiciones de discriminación, incitación a la violencia y promoción de la participación pública”, apunta.
Kaye señala que el fracaso de las compañías para reconocer su poder e impacto y para valorar a los accionistas por encima del interés público debe terminar de inmediato.
«Este informe brinda a las empresas las herramientas para cambiar el rumbo», concluye el relator. (ONU NOTICIAS)
Autor
Otros artículos del mismo autor
EL MUNDO22 noviembre, 2024Preocupa a la ONU la ampliación de delitos sujetos a Prisión Preventiva Oficiosa en México- BIENESTAR Y SALUD22 noviembre, 2024Estudio señala que los cigarrillos electrónicos de sabores son más adictivos porque contienen mayor porcentaje de nicotina
- DEPORTES22 noviembre, 2024Cristiano Ronaldo incursiona en el pádel
- EL MUNDO22 noviembre, 2024Quien contamina paga: El tratado sobre la contaminación por plásticos debe garantizar la rendición de cuentas
