Ciudad de México.- “¿Tengo que morirme para que me hagan caso?”.
Paloma Ruíz mira a la cámara que graba su testimonio y se queda en silencio, amplificando la gravedad de sus palabras.
De sus ojos no salen lágrimas. Solo impotencia y rabia acumulada hacia quienes acusa de haberle hecho la vida imposible en los últimos cinco años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); su lugar de trabajo al que demandó, paradójicamente, por violaciones a sus derechos humanos y discriminación laboral.
Durante la entrevista para Animal Político, Paloma narra que es sobreviviente de cáncer. O para ser más precisos, sobreviviente de tres cánceres: de endometrio (matriz), mama y páncreas.
“En dos semanas me diagnosticaron tres tumores. El impacto en mi vida fue brutal”, dice la mujer sentada en un sofá gris que contrasta con el color rosa mexicano de su blusa.
Al momento de los diagnósticos corría el año 2014. Paloma llevaba ya un año laborando para la CNDH con un contrato por honorarios como investigadora de la Primera Visitaduría, en temas de delitos y violaciones graves a Derechos Humanos.
Todo iba bien, cuenta la también periodista de profesión. Tanto, que antes de que el cáncer golpeara su vida le ofrecieron renovar un año su contrato e incluirla en la póliza de seguros de gastos médicos mayores que, si bien tenía que pagar ella de su bolsillo, le ofrecía una tarifa preferencial por ser parte de la CNDH.
Por eso, cuando aparecieron los tumores, Paloma tenía al menos la tranquilidad de que el seguro de la CNDH la respaldaba ante el aluvión de gastos que se le avecinaba: cirugías, oncólogos, quimioterapias, medicamentos, y un larguísimo etcétera.
Y al inicio, al menos, fue así: “Me dijeron que contara con todo el apoyo de la CNDH, tanto emocional, laboral, como humano”.
Pero todo cambió en noviembre de 2014 con el nuevo ombudsman, Luis Raúl González Pérez. En ese entonces, la periodista señala que, a pesar de que contaba con la documentación de su incapacidad por las cirugías a la que fue sometida para extirpar los tumores de su cuerpo, la CNDH no renovó su contrato, cortó toda comunicación con ella, y la excluyó sin previo aviso de la póliza del seguro médico.
Paloma asegura que esa decisión la dejó, casi literal, con la cabeza puesta sobre la guillotina.
“Entregué una carta a las nuevas autoridades de la CNDH explicándoles mi situación, pidiéndoles que, por favor, me renovaran el contrato para que yo pudiera salvar mi vida. Pero jamás me escucharon”, narra la periodista.
“Al contrario, me excluyeron. Me borraron de la carta de cobertura médica y para la aseguradora yo ya no existía. Por eso, sin la póliza del seguro, tuve que suspender mis quimioterapias durante un mes y medio, y también las radioterapias”.
A continuación, la comunicadora deja una larga pausa en la narración, toma aire y suelta otra frase lapidaria: “Nunca sabré si eso algún día acabará con mi vida”.
Paloma decidió entonces hacer público su caso y acudió a los medios de comunicación. Como respuesta, la CNDH, bajo la dirección de Luis Raúl González Pérez, emitió un comunicado lamentando la situación de su empleada y explicó que su baja en el seguro médico se debió a que detectaron “irregularidades en la contratación de la póliza que imposibilitaron su extensión”, por lo que anunció una investigación interna para deslindar posibles sanciones contra sus funcionarios.
Además, la Comisión la recontrató en el área de Comunicación Social, con la mitad de salario que tenía previo al cáncer, y la incluyó de nuevo en la póliza de gastos médicos, aunque ella debe pagarlo de su bolsillo.
¿Final feliz para todos?
“Si tres cánceres no me vencieron, la CNDH tampoco lo hará”
Paloma niega con la cabeza y con una permanente sonrisa cansada en los labios cuenta que tras la recontratación inició entonces la segunda parte de su calvario: la revictimización.
“Me pusieron en un rincón, junto a una fotocopiadora, a revisar el archivo basura. Nadie me habla y me evitan como si en lugar de cáncer tuviera una enfermedad contagiosa”.
Tras las quimios y las cirugías, los cánceres están ahora en fase de remisión. Pero Paloma aún sigue en tratamiento oncológico de hormonoterapia para el cáncer de mama que le provoca severos efectos secundarios, como fatiga, vómitos, problemas con la visión y el habla, fuertes dolores de articulaciones y movilidad reducida en el brazo derecho, como secuela de la extracción de ganglios de su axila derecha por la cirugía del cáncer de mama.
Por eso pidió a la CNDH que fuera flexible y le concediera algunas adecuaciones, como disponer de un cuarto durante 15 minutos al día, para quitarse la ropa y aplicarse bolsas de hielo en los músculos atrofiados del brazo donde le extirparon parte de la axila.
“¡Pero hasta eso me están dificultando! -exclama Paloma con el ceño fruncido-. Es como el mundo al revés: el organismo encargado de velar por los derechos humanos se está portando de manera inhumana conmigo”.
Además, dice Paloma sosteniendo un documento de la CNDH en la mano que exhibe en la entrevista, recientemente acaba de recibir otro golpe: la Comisión le informó que su última quincena es de cero pesos debido a que ya sobrepasó los días que gozaba de permiso por ausencia médica. Por lo que, a partir de ya, cada día que falte por visita a sus oncólogos, o para aplicarse algún tratamiento, se lo descontarán de su salario.
Una situación por la que este 2019, ya más recuperada de sus tratamientos, la periodista interpuso una denuncia por discriminación y acoso laboral ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y ante la justicia administrativa, donde recurrió al juicio de amparo; mismo que fue aceptado el 17 de septiembre pasado por el Juzgado Segundo en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
“Yo no pido lástimas, ni misericordia. Solo exijo respeto como persona y como trabajadora. Me han tratado de intimidar de todas las formas posibles, usando todo el poder de una institución como la CNDH en contra de una mujer. Pero si tres cánceres no me han vencido, ellos tampoco lo van a lograr”, sentencia Paloma.
“Ya no nos sirves”
Las cifras de despidos injustificados en México por casos de discriminación por algún tipo de cáncer no son precisas.
La Procuraduría Federal del Trabajo, en una respuesta por transparencia a este medio, señaló que no tienen esos datos concretos.
Mientras que el Conapred, también por transparencia, dijo que entre 2015 y lo que va de 2019 llevan registrados 443 expedientes de quejas y reclamaciones por presuntos actos de discriminación, de los cuales 364, hasta un 82%, fue por discriminación por motivos de salud. Pero tampoco específica en qué casos la queja fue por cáncer y discriminación laboral.
La abogada laboralista Irene Lira explica en entrevista que, en su experiencia, no hay muchas personas con cáncer que lleguen hasta la demanda por discriminación debido a varios factores: desconocimiento de las leyes mexicanas, desconfianza en las autoridades de investigación y de justicia, o el evidente desgaste físico y emocional que ya está padeciendo la persona enferma, que prefiere gastar su energía en combatir al cáncer y salvar la vida.
Pero en los casos que Lira ha llevado de despidos injustificados, especialmente de pacientes con cáncer de mama y de colón, el padrón de conducta contra los empleados es muy similar.
“Cuando un trabajador o trabajadora avisa a su patrón del diagnóstico de cáncer, el escenario inmediato que enfrenta es el de un rechazo total”, subraya la abogada, que añade que entonces pasan dos cosas: que aíslen al empleado quitándole buena parte de sus funciones y de su salario; o, por el contrario, que carguen al empleado con exceso de trabajo para que éste se desgaste poco a poco y acabe renunciando, o aceptando un despido bajo las condiciones del patrón.
“En estos casos, aunque esté justificada la inasistencia del empleado, las empresas toman como pretexto la condición de salud para decirles ‘es que ya no nos sirves, tu situación nos está causando incertidumbre, tienes mala actitud, faltas mucho, o estás generando mal ambiente con los compañeros’”, plantea Lira.
Otra situación habitual en los casos que lleva la abogada es que el empleado con diagnóstico de cáncer es objeto de un desgaste emocional por parte del patrón que, incluso, cuenta con la complicidad de otros empleados: “Es común que el jefe, o los propios compañeros, hagan comentarios del tipo ‘ya llegó la enferma, o cuidado con la problemática’ para que el empleado sienta un rechazo general y acabe renunciando”.
Ante este panorama, el también abogado Luis Armando Castañeda explica que tanto la Constitución mexicana, como la Ley Federal del Trabajo, protegen, o deberían hacerlo, al empleado o empleada con cáncer. Y que hay dependencias como la Procuraduría del Trabajo que están obligadas a dar apoyo y asesoría legal gratuita a los trabajadores, para que puedan interponer demandas en materia laboral. Mientras que el tema de la discriminación puede denunciarse penalmente ante el Ministerio Público, y ante organismos públicos como el Conapred, o el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
Como una “apestada”
El caso de Artemisa Del Valle López, sobreviviente de cáncer de tiroides, es el resumen perfecto que corrobora todo lo expuesto por la abogada en la entrevista.
Sentada a la mesa de un café en la Ciudad de México, la mujer de 34 años narra que trabajaba como administradora y contable de una cadena de restaurantes, cuando en noviembre de 2014 le diagnosticaron la enfermedad.
Como en el caso de Paloma, el diagnóstico fue vertiginoso y sorprendente: Artemisa había ido al hospital por una simple torcedura en el tobillo derecho. Una vez en el centro médico, le hicieron unos estudios previos a la cirugía de los ligamentos dañados y los doctores detectaron algunas anomalías en los resultados. De ahí, Artemisa fue enviada con un endocrino que le hizo nuevas pruebas. Y en poco tiempo, la bomba: tenía cáncer.
“Entré al hospital con un esguince de tobillo y salí con un cáncer de tiroides”, resume Artemisa encogiendo los hombros y con una sonrisa de ‘así son las paradojas de la vida’, que da cuenta de su peculiar sentido negro del humor.
Tras el diagnóstico, Artemisa fue sometida a una cirugía que le dejó como recordatorio una cicatriz en la garganta que adorna con un collar de muchos colores y una calaca, y otra terrible consecuencia: la dejaron hipoparatoidea. O, en otras palabras, tiene que tomar de por vida hasta 150 pastillas de calcio al día. De lo contrario, puede sufrir paros cardiacos, como el que ya tuvo hace un par de años.
Al principio no hubo problema en el trabajo. Estuvo nueve meses de baja laboral tras la cirugía para remover el tumor y se reincorporó a su puesto. Pero, al poco tiempo, Artemisa inició una terapia de yodo; un tratamiento de medicina nuclear que utiliza pequeñas cantidades de material radioactivo para atacar las células cancerígenas.
“Soy una mujer radioactiva. ¡Ya soy mutante!”, ríe Artemisa a carcajadas cuando recuerda los días de terapia, aunque el relato de sus cinco días internada en el Hospital Siglo XXI no es desde luego una broma. Y menos aún lo que sucedió después, cuando se reincorporó a su puesto y tanto jefes como compañeros se negaron a trabajar en la misma oficina que ella por temor, literal, a que los enfermara de cáncer debido a la radioactividad de su tratamiento.
“Me encontré con toda la ignorancia del mundo y con una discriminación muy fuerte. No querían trabajar conmigo. Si yo entraba a la cocina a por un café, todos salían corriendo como si tuviera la lepra, o como si fuera una apestada”.
La “consentida”
De poco o nada sirvió una carta al departamento de recursos humanos de su empresa, quejándose de la discriminación. Al contrario, Artemisa denuncia que una de las dueñas de la cadena de restaurantes inició un desgaste continuo hacia ella, diciéndole que “ya no era funcional” para la empresa, que “ya nadie quería trabajar con ella”, o poniendo en duda, incluso, que realmente tuviera cáncer.
Sobre este punto, Artemisa explica que, a diferencia de otros tipos de cáncer, como el de mama, en el de tiroides el tratamiento no deja tantas secuelas físicas “visibles”. No se te cae el cabello, por ejemplo. Y no bajas de peso, o al menos no fue así en su caso.
“No creían que tuviera malestares físicos, ni dolores, ni agotamiento. Por eso llegaron a decirme que estaba tirándole al cuento para no trabajar”.
Incluso, hubo quejas de los compañeros porque Artemisa pidió a sus jefes no tener que ir a hacer los pagos de las nóminas a los bancos, debido al agotamiento crónico que padece como efecto secundario de los tratamientos del cáncer.
“Muchos empezaron a decir: ajá, y por qué ella no hace esto. Claro, ella es la enfermita, la consentida”. Mientras que la dueña se le acercaba para dejarle comentarios del tipo: “¡Qué milagro! Hoy sí viniste a trabajar”.
Y este es, precisamente, otro punto con el que empezaron a atacar a Artemisa: tras reincorporarse de la cirugía, la empresa le daba posibilidad de ir a sus consultas médicas y regresar a su puesto de trabajo. Pero, poco después, eso también cambió: podía ir a sus consultas, sí, pero si no entraba a su puesto de trabajo a las nueve de la mañana ya se contaría como día perdido, descontándoselo, obvio, de su salario.
A pesar de todo, Artemisa dice que no tuvo más remedio que apretar los dientes y aferrarse a su empleo.
“Es una situación en la que estás permanentemente con una guillotina en el cuello por la amenaza de que, si pierdes el empleo, además de perder tu salario pues también pierdes el seguro médico del IMSS. Y entonces, ¿cómo pago por el médico privado todas las medicinas y tratamientos que necesito?”, pregunta la mujer, que expone que solo en pastillas de calcio llega a gastar hasta 12 mil pesos al mes, mientras que los tratamientos de yodo cuestan entre 80 y 100 mil pesos.
“Por eso, aunque los patrones intentan cansarte para que tú renuncies y te vayas, aguantas como sea”.
Pero finalmente no la despidieron. Artemisa cuenta que la empresa se fue a pique porque el negocio no marchaba bien. Por fortuna, ella ya había iniciado antes los trámites para que le dieran una pensión vitalicia por discapacidad -el hipoparatiroidismo, la secuela que le dejó el cáncer de tener que tomar de por vida altas dosis de calcio, está catalogada como incapacidad permanente-, y el IMSS ya aceptó dársela, aunque aún falta que se complete el trámite administrativo.
Dentro de la gravedad de su situación, Artemisa tuvo relativa buena suerte, admite.
Pero se pregunta constantemente qué hubiera pasado si hubiera perdido la protección del seguro médico, su único salvavidas. (ANIMAL POLÍTICO)
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