El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha usado al mínimo los recursos en programas que tiene asignados para apoyar a la población originaria de México.
De 2 mil 533 millones que el organismo tenía programados para el segundo trimestre del año, utilizó solo mil 177.9 millones, el 46.5%, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Hacienda, publicó Animal Político en su sitio web.
En donde hubo menos cumplimiento de gasto fue en el Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, que tiene como objetivo financiar proyectos productivos, turísticos o acciones de mitigación del cambio climático.
El subejercicio en ese caso fue del 93.1%, que de hecho es uno de los mayores de todo el gobierno, según consta en el documento Avance financiero de los principales programas presupuestarios enero-junio 2019. Solo se gastaron 30.7 millones de los 444.9 disponibles para la primera mitad del año, es decir, que más de 400 millones de pesos se quedaron sin entregar.
Para todo 2019, se le asignaron 806.9 millones, que ya de por sí eran 7.7 millones menos que lo que tuvo este programa durante 2018.
En mal desempeño económico le sigue el Programa de Derechos Indígenas, con un subejercicio del 76.1%. Solo se han gastado 25.1 millones de los 105 disponibles. El año pasado, ya había sufrido un recorte de 33% de su presupuesto.
El dinero de este programa se entrega a comunidades, instituciones indígenas o académicas, que tengan iniciativas para reforzar los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, como de defensa legal, capacitación o investigación, excarcelación de personas, intérpretes y traductores, o proyectos culturales para promover las lenguas originarias.
El Programa de Infraestructura Indígena es el más grande de los que administra el INPI (antes Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI). Ahí quedaron en la primera mitad del año más de 600 millones de pesos sin utilizar.
Este programa está orientado a invertir en obras para atender necesidades básicas para comunidades, específicamente de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y drenaje. Además, la construcción de las obras puede quedar a cargo de la propia comunidad, si no corresponde al municipio, estado o federación.
Pero el subejercicio es de 65.7%, ya que solo se han invertido 328.9 de los 957.7 millones disponibles.
Por último, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene un subejercicio de 37.2%, ya que el gasto reportado es de 342.6 millones, cuando debería haber llegado a 545.4 millones invertidos en becas, hospedaje, alimentación y otras actividades complementarias para contribuir a la permanencia de niños y jóvenes indígenas de 5 a 29 años en la escuela, desde nivel básico hasta maestría, a través de Casas de la Niñez Indígena y Comedores Comunitarios.
En todos los casos, estos programas están dirigidos a poblaciones reconocidas como originarias porque el 40% de sus habitantes o más se reconocen como indígenas, y que tienen alta o muy alta marginación socioeconómica.
En México hay 25.7 millones de personas que se consideran a sí mismos indígenas y 1.38 millones de afromexicanos, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los cuales, 7.3 millones hablan alguna lengua originaria.
Sus condiciones de vida son las peores respecto al resto de la población. Justo esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó su más reciente medición de la pobreza, que reveló que el 74.9% de hablantes de lengua indígena viven en situación de pobreza, y el 35.6% en pobreza extrema, cuando en el resto de la población esa condición es siete veces menor.
Al asumir la presidencia, el pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador realizó un acto de entrega de bastón de mando por parte de representantes de pueblos originarios porque prometió que serían uno de los grupos prioritarios de su gobierno. Aunque en otros programas se ha anunciado un énfasis para beneficiar sobre todo a esta población, con reglas como una menor edad para acceder a la pensión de adultos mayores, en los programas existentes para atender específicamente a los pueblos originarios las cifras no muestran mayores apoyos, sino, por el contrario, que ni siquiera se ha invertido lo presupuestado. (ANIMAL POLÍTICO)
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