Luego de seis meses de espera, protestas, presión de organizaciones civiles y discusiones sobre si el subsidio federal debía continuar para los Refugios para mujeres víctimas de violencia y sus Centros de Atención Externa (CAER), este jueves, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) liberó los recursos para estos espacios.
El sitio web de Cimac Noticias publicó que de acuerdo con información de la Red Nacional de Refugios (RNR) son 45 refugios y 24 CAER los que fueron aprobados para recibir el fondo de 346 millones 482 mil 708 pesos por medio de la administración del CNEGySR.
Los fondos que se invierten para que mujeres y sus hijos e hijas se salvaguarden en casas refugio, comenzaron a entregarse este jueves.
Cabe recordar que al inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar de entregar recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, lo que puso en riesgo el financiamiento que reciben los Refugios pues varios de ellos son operados por éstas.
Los últimos datos recolectados en 2015 por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, señalan que hasta entonces operaban en el país 72 refugios: 34 pertenecen a organizaciones civiles, cuatro a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. En tanto, la información que dio a conocer el equipo de López Obrador es de 70 refugios, de los cuales, según ellos, sólo 20 tienen las condiciones para operar.
Aunque la presión de la sociedad civil y feministas fue clave para continuar con el apoyo económico a estos espacios que previenen casos de feminicidio, la falta de transparencia y reglas claras en el proceso de entrega de los recursos, los ha colocado en riesgo de no continuar recibiendo financiamiento federal para los próximos años.
Desde 2004, el CNEGySR es el responsable de emitir la convocatoria pública para canalizar los recursos federales a los Refugios, pero no se ha logrado garantizar la entrega oportuna y transparente de los fondos.
LUCHA POR RECURSOS
Los Refugios para mujeres víctimas de violencia surgieron en la década de los 90 frente a la necesidad de atender la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, la iniciativa fue de organizaciones civiles de mujeres ante la falta de un Estado que mirara y atendiera el problema.
Fue en 2004 cuando la Secretaría de Salud definió seis grandes programas en el CNEGySR, entre ellos el de “Prevención y Atención de la Violencia”, que contempló subsidiar a los Refugios especializados en la atención de mujeres víctimas de violencia extrema pertenecientes a la sociedad civil e instancias gubernamentales, pero no tenía recursos, por lo que éstos se tomaron del Programa para la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama, que también coordina el Centro.
En 2007 con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mandata al Estado asegurar recursos etiquetados para su funcionamiento.
En 2014, se contemplaron 350 millones de pesos para la operación de los Refugios y CAER, pero el CNEGySR regresó 100 mdp bajo el argumento de que los refugios tuvieron “imposibilidad administrativa, legal y económica para cumplir con las disposiciones fiscales administrativas y por lo tanto se vieron en la imposibilidad de participar en la convocatoria”.
En ese momento se documentó que diversos montos solicitados por las organizaciones civiles e instancias públicas no se autorizaron, quedándose sin cubrir las necesidades de las víctimas que potencialmente pueden ser asesinadas.
Ante la falta de reglas claras sobre el proceso de los recursos, en 2015 la Cámara de Diputados definió en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la partida presupuestal “43401 Convocatoria Asignación de Subsidios para la Prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven violencia extrema y en su caso sus Centros de Atención Externa”.
A pesar de la asignación, continuó sin haber reglas claras y transparentes en las distintas fases y procesos de la convocatoria dirigida a los Refugios, por lo menos así lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la evaluación de la gestión financiera hecha al Centro Nacional de Equidad de Género en 2015.
En el análisis de la Cuenta Pública 2015 la ASF destacó que el CNEGySR no contaba con criterios específicos para demostrar que las personas funcionarias públicas que participaban en el proceso de evaluación de los proyectos de financiamiento para los Refugios, tenían la experiencia y conocimientos requeridos, así como la objetividad, transparencia e imparcialidad.
En su informe, la Auditoría también consideró que era necesario incluir mecanismos que permitieran garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de los apoyos económicos otorgados, tanto en los casos de Refugios que ya habían presentado proyectos como en los que participaban por primera vez en la convocatoria, pues encontró que dos instancias gubernamentales con comprobantes fiscales cancelados fueron indebidamente consideradas como procedentes para recibir recursos por parte del CNEGySR, así como otros gastos de organizaciones civiles que no contaban con la documentación comprobatoria que cumpliera con los requisitos fiscales.
A pesar de estas observaciones, las irregularidades continuaron. En 2016, de los más de 286 millones de pesos que recibió el CNEGySR para los Refugios, sólo aplicó 274 millones, no obstante, la Cámara de Diputados nunca lo llamó a rendir cuentas.
SIN CERTEZA
Este 2019 la Cámara de Diputados dispuso en el PEF más de 346 millones de pesos para los Refugios. Las legisladoras de la Comisión de Igualdad de Género han asegurado a organizaciones civiles que el Estado vigilará el funcionamiento de los Refugios y el ejercicio de los recursos.
En diversos pronunciamientos, las integrantes de distintos Refugios de la RNR, han propuesto a la nueva administración generar mecanismos más eficientes para la gestión y transparencia de estos recursos, sin embargo, el gobierno ha manifestado su intención de generar un nuevo modelo de atención y la posibilidad de que sea el Estado quien los rija con el fin de evitar intermediarios y falta de transparencia. (CIMAC NOTICIAS)
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