Ciudad de México.- Este viernes 31 de mayo varias dependencias del gobierno federal ejecutarán despidos de personal en las direcciones generales adjuntas con el fin de tener ahorros, sin embargo, el Ejecutivo carece de un diagnóstico que permita evaluar la operatividad de las dependencias sin estos puestos, de acuerdo especialistas y exfuncionarios consultados por el sitio web de Expansión.
“Está quitando parte de la operatividad del Estado, no sabemos si está bien o mal, porque no tenemos un diagnóstico para saber si se genera un efecto positivo, y ésa es la parte más delicada”, dijo Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco).
El sitio web de Expansión publicó que el pasado 3 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un nuevo memorándum con el que exhortó a nuevas medidas de austeridad dentro del gobierno que van desde reducir 30% en gastos de oficina y reducción de 50% en viáticos hasta la eliminación de asesores y direcciones generales adjuntas.
Tomando en cuenta una de las principales medidas: la desaparición de directores generales adjuntos, representará eliminar al menos 1,326 plazas sólo en el sector central de las dependencias gubernamentales y entidades no sectorizadas, que deberán desocuparse el 31 de mayo próximo.
Para 2019, los recursos destinados a estas plazas en el sector central ascienden a 1,237 millones de pesos (mdp), tomando en cuenta las percepciones totales, de acuerdo con el analítico de plazas y remuneraciones publicado por la Secretaría de Hacienda.
Estas plazas no escaparon de las políticas de austeridad previas: el total de percepciones para 2019 se redujo 11.5% con respecto al año previo.
Del total de puestos de directores generales adjuntos en el sector central, la Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación y Hacienda serán las más afectadas, con eventuales recortes de 178, 153 y 129 plazas, respectivamente. En contraste, las proporciones de la Comisión Reguladora de Energía y Cultura son menores al contar con una y cuatro plazas, correspondientemente.
Pasan la tijera
Los directores generales adjuntos son los que operan el área asignada. Por ejemplo, en el sector financiero, son los que revisan la información solicitada, los estados financieros o hacen inspecciones en un banco.
“Existen dependencias supervisores donde sí se mermará mucho la eliminación de los directores generales adjuntos”, señaló Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). “Si prescinden de estas plazas dejarías la responsabilidad de la supervisión en un director de área, lo cual te va a incrementar el riesgo del sistema financiero”, añadió.
Uno de los reguladores más afectados por el número de recortes en las direcciones generales adjuntas del sector central será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -que hacía un análisis sobre el impacto de esta nueva medida, y, hasta el momento, no ha ampliado su respuesta-. El órgano desconcentrado de Hacienda cuenta con 150 plazas de directores generales adjuntos, por arriba incluso de los 129 que registra Hacienda en el analítico de plazas para 2019. Para estos cargos en el sector central, la CNBV destino un total de 47.4 mdp en el pago de percepciones.
El objetivo de estos recortes es lograr una «transformación» en la administración pública federal, según ha justificado Hacienda.
El punto en el que coinciden los especialistas consultados es que la estructura gubernamental tiene que simplificarse, para evitar opacidad en el manejo de recursos. Un ejemplo de la complejidad en la estructura se refleja en el analítico de plazas donde se registrar cientos de variaciones en las plazas.
El Imco trabajó de la mano con la unidad de evaluación y desempeño de Hacienda, para tener un aparato gubernamental más sencillo. “Hasta donde llegamos es que había que ajustar la estructura, pero no correr a la gente, y si había que liquidarla, había que hacer un análisis de política pública, pero ese análisis no se hizo”, apuntó Ricardo Corona, del Imco.
El gobierno de López Obrador elaboró desde el arranque del sexenio los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana en el que se establecieron los recortes en las diferentes dependencias. El documento técnico contempla la reducción de al menos 70% de las plazas de confianza de instituciones y organismos del gobierno federal, es decir 222,600 personas según el Censo de Gobierno 2017 del INEGI.
(EXPANSIÓN)
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