COAHUILA

Piden en Congreso cárcel y multa a quienes obliguen a trabajadores a renunciar a sus derechos

Por

30 abril, 2019

Mediante la firma de documentos en blanco

Durante la décima primera sesión del Período Ordinario celebrada este martes, la diputada del PRD Claudia Isela Ramírez Pineda, presentó una iniciativa mediante la cual se busca reformar el Código Penal del Estado, a fin de elevar a rango de delito el forzar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo, que impliquen renuncia a sus derechos, o les impongan obligaciones a fin de menoscabarlos o anularlos.

En la presentación de esta iniciativa, la legisladora consideró que esta práctica, que aún prevalece en la actualidad, es “abusiva y rapaz”, por lo que debe erradicarse dado que genera inseguridad laboral, un sentimiento de impotencia y un estado de indefensión para el trabajador que pierde su forma de sustento y, por lo tanto, su estabilidad económica.

En la propuesta se establece la imposición de tres a seis años de prisión y de cien a mil días de multa, tratándose de documentos públicos, y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados, a quien falsifique, altere o use de forma indebida dichos documentos para obtener un beneficio para sí o para otro, o para perjudicar a un tercero.

Dichas sanciones aplican también a quien obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.

Indicó que la prevalencia de estas prácticas convierten a las y los trabajadores en un grupo en situación de vulnerabilidad que, por su dependencia económica, su situación de subordinación y su necesidad económica, es constantemente abusado por los patrones o superiores jerárquicos, no sólo en las empresas privadas sino también en las oficinas públicas y gubernamentales.

La diputada destacó que, en la actualidad, no existen estadísticas certeras sobre la cantidad de personas que son obligadas a renunciar a sus derechos laborales mediante amenazas, coacción o algún tipo de condicionamiento. Sin embargo, es bien conocida la estrategia de algunos empleadores de recurrir a una especie de acoso hacia el trabajador, con el fin de cansarlo y obligarlo a renunciar, evitándose así de este modo el pago de las indemnizaciones del caso

Agregó que no obstante que la protección de los derechos de los trabajadores, sean de orden público e interés social y estén tutelados en la constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales, en la práctica miles de personas se ven obligadas a firmar sus renuncias, haciendo negatorios tales derechos, ya que existen pocas sanciones para quienes incurren en estos abusos. (ÁNGEL AGUILAR)