Durante la sesión del Congreso local celebrada este martes, los diputados avalaron las modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, mismas que permitirán al Ministerio Público solicitar esa medida cautelar para los responsables de delitos en materia de hidrocarburos, y concretamente el llamado “huachicoleo”, debido a las enormes pérdidas económicas que causa al país, y los riesgos de morir que representa este ilícito a quienes lo cometen.
De esta manera, se buscará evitar la reincidencia en este tipo de delitos, además de preservar el orden nacional.
Los legisladores aprobaron el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados para la aprobación de estas reformas, con las que se ordenará también la prisión preventiva oficiosa, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
También se incluyen delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación.
El documento señala que la conjunción de precios al alza de los hidrocarburos y el incremento de la inseguridad en el país, especialmente en regiones de tránsito, ha generado una sensación de urgencia para afrontar los retos relacionados con la seguridad energética.
Menciona que inclusive, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) relacionan a seguridad energética con la seguridad nacional por el robo de gasolina, mediante a «ordeña» de pipas, oleoductos y gasoductos, conductas que, por sí solas, sólo provocan explosiones y accidentes en zonas habitacionales e industriales, sino que también generan un daño patrimonial importante al estado mexicano.
Igualmente se dio a conocer que en los últimos años, los delitos en materia de hidrocarburos han tenido un aumento insostenible, ya que de acuerdo con cifras de PEMEX, en los últimos cuatro años, las denuncias por tomas clandestinas en sus ductos se han disparado 404%, siendo el Estado de Puebla es el estado con mayor incidencia en este tipo de conducta delictiva.
También señala que el director de PEMEX, Carlos Treviño, ha estimado en 30 mil millones de pesos la inversión perdida en 2017, aunque hay otras fuentes que realizan un cálculo mayor. (ÁNGEL AGUILAR)
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