La Alta Comisionada para los Derechos Humanos cree que uno de los problemas es que las autoridades se niegan a reconocer las dimensiones de lo que califica como “vasta crisis humanitaria”. Además, teme que las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos “puedan contribuir a agravar la situación económica”. Por ello, afirma que es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados.
En su informe de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, Michelle Bachelet dice estar “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
Desde junio de 2018, la última vez que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentó su último informe sobre el país sudamericano, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente, según dijo Bachelet al presentar su actualización al Consejo de Derechos Humanos.
“Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”, afirmó.
Las autoridades no reconocen la crisis
Para la Alta Comisionada, uno de los problemas de la situación es que “las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”.
La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también ha afectado gravemente a los hospitales.
“Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”, explicó Bachelet.
También observó que el sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.
Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.
Las sanciones agravarán la situación
Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, a Bachelet le preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.
Otro motivo de preocupación para la Alta Comisionada es la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas.
“En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”, declaró.
Represalias e intimidación
La Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas.
Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento alguno.
En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a iniciar investigaciones contra miembros de las FAES.
La mayoría de las víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas antigubernamentales.
“Me preocupan particularmente los informes que indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de represalia e intimidación”.
Junto a esos temores, figura el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. (ONU NOTICIAS)
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