OPINIÓN

AVISO DE CURVA

Por

14 marzo, 2019

Gobernadores: ogros o mártires

La Cuarta Transformación ha traído malos tiempos para el poder absoluto y desmedido de algunos gobernadores. A los efectos de los “superdelegados” designados por López Obrador que fulminaron el control que algunos mandatarios estatales ejercían sobre los delegados federales, se añade la restricción de recursos otorgados a las Entidades Federativas, sobre todo los del Ramo 23. A la irrupción de Morena en la mayoría de los estados gobernados por el PRI, PAN, PRD,MC e Independientes, colocando figuras afines como alcaldes, diputados locales y federales y senadores, situación que obliga a los gobernadores a compartir el poder, ahora se amplifican los cuestionamientos a las otrora figuras intocables, con la presencia de López Obrador en las entidades y en donde, con una táctica bien pulida y precisa, lleva consigo una rechifla del público asistente en contra de los gobernadores, no con otro propósito más que mostrar el poder del Presidente y su partido…en la propia casa de los aludidos.

Los modos con los que la 4T ha abordado la relación con los gobernadores no son un asunto banal; encierran una estrategia muy clara y precisa: romper con el virreinato que algunos gobernadores venían ejerciendo en sus respectivas entidades, y posicionar la figura del Presidente como el líder que puede resolver los conflictos, solucionar problemas y llamar a cuentas a los mandatarios estatales.

Aquellos gobernadores que abusaron del poder absoluto, patrocinados por Congresos, oposiciones y órganos fiscalizadores a modo, encarnaron una dimensión fatal de la acción política desprovista de contrapesos. Algunas decisiones políticas, ontológicamente asociadas a los fines personales de los mandatarios, concluyeron en sobrendeudamientos, vínculos con la delincuencia organizada, desviación de recursos y todo un ramillete de abusos, excesos y distorsiones a la ley.

Si bien el sexenio de Enrique Peña se caracterizó por iniciar procedimientos e incluso aprehender a varios exgobernadores, lo cierto es que jamás se formuló política alguna, ya sea tacita o explicita, de prevención o de equilibrio de poderes en aquellos estados en donde se sabía con antelación de los excesos o deficiencias de los mandatarios y que, por consecuencia, agravarían las condiciones financieras y de seguridad las Entidades Federativas deficientemente gobernadas.

Esto último resulta especialmente relevante frente a la tendencia histórica de llamar a cuentas a los gobernadores sólo porque en algún momento cayeron de la gracia del Presidente, y no propiamente por estar dispuestos a defender y hacer valer los derechos de los ciudadanos. Además, recordemos que la mayoría de los exgobernadores detenidos o buscados por la justicia, surgieron a partir de la alternancia en sus respectivos estados. En realidad, el gobierno de Enrique Peña poco tuvo que ver con los procesos iniciados en contra de Javier Duarte, César Duarte, Guillermo Padrés, entre otros exgobernadores que actualmente se encuentran presos o prófugos gracias a las denuncias y procedimientos que iniciaron los gobernadores que les sucedieron en el cargo.

Parece ilógico que después de años en los que algunos gobernadores tomaron decisiones sin tener en cuenta los efectos nocivos previsibles, desestimando su deber cívico de actuar con prudencia y apego a la ley, llevando a las Entidades Federativas hacia el quebranto financiero o entregando el territorio a los grupos de la delincuencia organizada, existan voces divergentes que se contraponen a las acciones que emprende el Gobierno Federal para terminar o acotar a los virreinatos locales.

Tal vez habrá que aclarar que, en el marco del federalismo mexicano, y dados los antecedentes de aquellos gobernadores que hicieron mal uso del poder, es más conveniente hablar de “autonomía” de las Entidades Federativas antes que “soberanía”. De tal manera que si el pluralismo o la división de poderes existentes en los estados de la Republica no fueran suficientes para serenar las ansias virreinales de algunos gobernadores, la alternativa práctica es la intervención selectiva y acotada por parte de la Federación.

No cabe duda que existen razones fundadas que hacen imprescindible la intervención del Presidente para mostrarse implacable si lo que está en juego es el mantenimiento de la Paz, el desarrollo y las condiciones financieras de los estados, pero precisamente, con el ánimo de conciliar el llamado federalismo con la “autonomía”, la federación está doblemente obligada a actuar con prudencia y no olvidar las enseñanzas del pasado. Primer aviso.

Tu Opinión: olveraruben@hotmail.com