La frivolidad, y el combate a la corrupción
El combate a la corrupción en el presente sexenio será mucho ruido, pero pocas nueces. Si eliminar la corrupción ha sido el eje central del discurso del actual presidente de la República, entonces ésta se convertirá en el principal fracaso de su gobierno. La esencia moralista que le adjudica al problema, las políticas personalistas con las que intenta solucionarlo, su desdén a la construcción institucional y el franco intento de debilitamiento estatal apuntan solo en la dirección de la ignorancia personal y la futura decepción colectiva.
Hasta hace poco el problema de la corrupción y la urgencia por combatirla estaban en la consciencia y las bocas de amplios sectores de la sociedad mexicana. Los muchos y hondos escándalos de corrupción de los últimos años representaron un lastre para el sexenio pasado, pero también una oportunidad para capitalizar sobre el coraje popular y construir soluciones duraderas, es decir, institucionales. Pues ya no más: la popularidad con la que cuenta el actual mandatario federal, el manto moralista con el que astutamente se ha sabido arropar, y el monopolio de la agenda pública producto de sus habilidades comunicativas han hecho del tema de la corrupción un comodín personal a utilizar, y no un problema nacional a solucionar.
La administración federal aún no cumple cien días, pero las palabras pronunciadas y acciones emprendidas son suficientes para indicarnos el camino tomado.
Lo que podríamos denominar “caprichos presidenciales” representarán un foco importante de corrupción. Aunque las políticas emprendidas por todo presidente son por naturaleza personales, la diferencia aquí consiste en que los proyectos anunciados por el presidente son simplemente caprichos porque no tienen estudios técnicos, no han mediado discusiones públicas y, además, implican el gasto de miles de millones de pesos de recursos públicos; inclusive, han habido estudios serios que ponen en entredicho la factibilidad de algunos de ellos. La llamada “Ley Compadre”, aprobada el pasado octubre en Tabasco con un congreso estatal de mayoría morenista, tiene como fin ampliar las adjudicaciones directas en obras públicas, una de las principales fuentes de corrupción en el país. ¿Por dónde pasará el Tren Maya? Tabasco. ¿Dónde se construirá la refinería de Dos Bocas? Tabasco.
La falta de solidez institucional nos condena a vivir en un estado subdesarrollado. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) era una apuesta para construir un andamiaje institucional que de manera integral y coordinada atacara el complejo problema de las redes de corrupción. Si antes carecíamos de algunos de sus titulares, los recientes nombramientos dejan mucho qué desear. El nombramiento de Alejandro Gertz Manero (FGR) solo augura un término grisáceo como su carrera política, una persona de 79 años de edad que terminará su mandato a los 88 años y que, además, recientemente se reunió únicamente con senadores de la bancada morenista. Las nominaciones de José Agustín Ortiz Pinchetti y de María de la Luz Mijangos Borja para encabezar la Fiscalía Electoral y Anticorrupción, respectivamente, representan más de lo mismo: colocar en puestos clave a gente de AMLO, violando el espíritu de la autonomía institucional.
Podríamos igualmente mencionar los recortes presupuestal a la Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Poder Judicial; el amiguismo suscitado en distintos programas sociales de gran envergadura; y claro, la terna enviada de la SCJN, compuesta por una ex-candidata a gobernadora por MORENA, una diputada federal por el mismo partido, y la esposa de un contratista del actual gobierno. Esto último no tiene parangón alguno en la historia reciente del país.
Los problemas en las declaraciones patrimoniales de Olga Sánchez Cordero (SEGOB) y Javier Jiménez Espriú (SCT) solo auguran el fracaso de la política personalista para combatir la corrupción. Palabras bonitas, recetas morales y promesas personales son solo medidas frívolas. Voluntad política, construcción institucional y aplicación de la ley son las medidas verdaderamente trascendentales.
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Autor
- Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana (UIA). Maestro en estudios internacionales, y en administración pública y política pública, por el Tecnológico de Monterrey (ITESM). Ha publicado diversos artículos en Reforma y La Crónica de Hoy, y actualmente escribe una columna semanal en los principales diarios de distintos estados del país. Su trayectoria profesional se ha centrado en campañas políticas. Amante de la historia y fiel creyente en el debate público.
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