Ciudad de México.- Esta semana se discute en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para instaurar la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad de corte militar que propone el nuevo gobierno para encargarse de la seguridad de México, por lo que defensoras de los derechos de las mujeres y sobrevivientes de abusos cometidos a manos de militares rechazaron su creación.
Este martes en el foro “Guardia Nacional, mujeres, seguridad y paz” se escucharon las voces de la sobreviviente de violación sexual por militares, Valentina Rosendo Cantú, la directora de Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, y las defensoras de derechos de las mujeres, Hermelinda Tiburcio Cayetano y Lucero Circe López Riofrío, quienes compartieron las experiencias que ha dejado en los últimos dos sexenios la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública.
El sitio web de Cinac Noticias publicó que la discusión deviene de la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En noviembre el titular del Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en que plantea la creación de dicha guardia y cuyas funciones consistirían “en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país”.
De acuerdo con el documento, la Guardia Nacional la conformarían policías militares y navales, elementos de la policía federal, miembros activos de las fuerzas armadas y se convocaría a civiles para que se integren nuevos elementos los cuales recibirían formación y adiestramiento en planteles militares basados en un plan de estudios elaborado conjuntamente por las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Gobernación (Segob) y Seguridad Ciudadana.
La propuesta de López Obrador causó alerta en las organizaciones civiles promotoras de Derecho Humanos, quienes comenzaron a advertir y recordar las consecuencias a violaciones a Derechos Humanos que ha traído consigo la intervención de las fuerzas armadas, pues lejos de contribuir a reducir la violencia en México, más bien, hay evidencias que sugieren en algunas regiones que este despliegue de las fuerzas armadas pudo haber incrementado la violencia.
Caso emblemático de esta violencia es el de Valentina Rosendo Cantú, por lo que la sobreviviente de violación sexual por miembros del 42 Batallón de Infantería del Ejército en 2002 en Guerrero, y quien ganó por ello una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, habló en el foro expresamente de las violaciones hacia las mujeres, que han cometido militares.
“Las personas que hemos sufrido en carne propio de los horrores a manos de los militares decimos si hemos llegado hasta aquí, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo y a la vez tan poco esperanza de castigar a los responsables de estos crímenes y el horror que viene”, dijo Rosendo Cantú en el foro realizado en la Cámara de Diputados donde rechazó rotundamente la idea de la Guardia Nacional, exigiendo al nuevo gobierno que dé paso atrás en ello.
En las sentencias en contra del Estado mexicano que ha emitido la CoIDH sobre estas violaciones, ha hecho notar sobre el uso de las fuerzas armadas para actividades de seguridad pública, considerando que es riesgoso para los Derechos Humanos pues son elementos formados para derrotar al enemigo y no para protección de civiles.
Además de la sentencia de Rosendo Cantú, en 2010 la CoIDH también responsabilizó al Estado en el caso de la indígena Inés Fernández Ortega, también víctima de violación en 2002 por militares en el estado de Guerrero. Además, el año pasado México sumó otra sentencia de la Corte Interamericana por la tortura sexual que cometieron policías contra 11 mujeres en los operativos del 3 y 5 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
También organismos como Amnistía Internacional han documentado este tipo de agresiones, en su informe de 2016 “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, la organización entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina; identificaron que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las fuerzas armadas. Pero hasta entonces ningún soldado había sido suspendido por violación o abuso sexual.
Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh) el año pasado dio a conocer que sabe de 110 mujeres sujetas a procesos penales que sobrevivieron a diversas formas de tortura sexual por parte de fuerzas armadas, policías estatales, municipales y policías federales.
En el turno de la abogada feminista, Imelda Marrufo Nava, expresó que en los procesos de construcción de paz y seguridad siempre se ha dejado a las mujeres hasta el último, quienes son las que han experimentado en carne propia los abusos por parte de militares.
RESISTENCIA DE MUJERES A LA GUARDIA NACIONAL
Entre el 16 y 17 de enero se discutirá en el pleno de la Cámara de Diputados esta reforma constitucional y el dictamen aprobado en diciembre por la Comisión de Puntos Constitucionales para la creación de la Guardia Nacional.
Previo a la discusión, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocó la semana pasada a 10 audiencias públicas sobre la viabilidad de la Guardia Nacional. En ellas participaron 13 gobernadores, tres secretarios de Estado, además de representantes en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ONU Mujeres, Amnistía Internacional y 45 personas de la academia, especialistas, promotoras de DH y de organizaciones civiles.
Sin embargo, a decir de las legisladoras feministas en las discusiones públicas faltaron las voces de las mujeres sobrevivientes de esta violencia y se careció de un análisis con perspectiva de género. La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, señaló que el impulso de estas audiencias públicas fue por parte de las mujeres legisladoras sin embargo no han sido tomadas en cuenta.
También recordó que los riesgos de la militarización del país han sido una denuncia constante el movimiento de mujeres, y dijo que no hay razones para que el gobierno justifique el uso de la fuerza.
Otras legisladoras como la diputada y presidenta de la Comisión de Igualad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, la senadora Patricia Mercado Castro, también participaron en el foro y expresaron su rechazo a la Guardia Nacional.
Además cabe recordar que ya hay antecedentes para atribuir a las fuerzas armadas actividades en la seguridad pública como se intentó con la Ley de Seguridad Interior en el gobierno pasado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional en noviembre de 2018 al considerar que se le otorgaban a las fuerzas armadas tarea que le corresponden a las instituciones civiles.
Por otra parte en la conferencia matutina que dio el martes el presidente López Obrador detalló que tendría dos mandos la Guarda Nacional, en las cuestiones administrativas dependería de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y en lo operativo se encargaría la Secretaría de Defensa Nacional. (CIMAC NOTICIAS)
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