OPINIÓN

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20 diciembre, 2018

El procedimiento administrativo que se ha abierto en contra de seis jueces que se prestaron para que despachos de cobranza despojaran de su vivienda a miles de trabajadores, no es más que la punta de la hebra que se tendrá que jalar para deshacer una madeja que cimbrará no únicamente al Poder Judicial en Coahuila, sino al gremio de los abogados en La Laguna –que podría ver cambiar su estructura actual de poder–, a grupos políticos de la Comarca y, quizá, del Estado.

En lo que toca a los jueces, cuatro de Torreón, uno de Sabinas y uno más de Parras, donde además se involucra a doce secretarios de estudio y cuenta, de lo administrativo pronto se podría pasar incluso a lo penal.

Pero el asunto va a salpicar, y ahí están metidos varios personajes con importante presencia política regional.

Que a nadie le extrañe si incluso se da el retiro del Magistrado Jesús Gerardo Sotomayor Garza, pues con todo y que hace algunos meses le hicieron una reforma a modo para que no tuviera que dejar el cargo en razón de su edad, se está reconsiderando el tema de su jubilación precisamente por la relación en este caso.

Tan claro. Es bien sabido en La Laguna que en el ámbito de la abogacía nada se mueve sin la indicación o permiso de Sotomayor. Investigaciones apuntan a que despachos jurídicos involucrados en los despojos, son los de incondicionales de este personaje.

El Magistrado ha comenzado a sentir la presión, se advierte desde el momento en que sus medios afines, que el año pasado tuvieron la oportunidad de la primicia del escandaloso caso y no le dieron seguimiento, ahora han enfocado sus baterías en contra de la Presidente del Poder Judicial, la Magistrada Miriam Cárdenas Cantú, pero por temas que son menores frente a lo que esto otro representa.

A lo largo de los años Sotomayor construyó un coto de poder, controlando grupos dentro de la Universidad y colocando alfiles en toda instancia pública donde pudiera sacar algún provecho legal, económico o político. En el camino construyó muchas alianzas, pero también pasó de la peor manera por encima del prestigio y la actividad profesional de muchos.

Dicen que pagará facturas. Y aunque por lo pronto no está prevista su salida en los movimientos que en los próximos días se darán en el Poder Judicial, si el caso escala lo puede salpicar.

El asunto pasará al otro lado del río, y puede llegar igualmente al poderoso clan de los Herrera. En el centro del escándalo se ubica a José Lorenzo Natera, a quien la ex alcaldesa Juana Leticia Herrera Ale recomendó con su compañero en el senado David Penchyna, para ocupar la Dirección Jurídica del Infonavit, desde donde se habría operado toda la estrategia para los juicios en mención.

Según versiones, empresas de los Herrera habrían resultado beneficiadas con la recuperación de casas.

Y el elemento Penchyna podría rebotar en algunos despachos jurídicos de su natal Hidalgo, dicen que cercanos a actores políticos de estos rumbos.

En cuanto a los movimientos próximos en el Poder Judicial, se afirma que ya está planchado el acuerdo para designar a los dos nuevos Magistrados que irán a La Laguna, y quien sustituirá en la Sala Penal a Efraín Rogelio García Flores.

El Consejo de la Judicatura ya cumplió la forma legal e integró su propuesta que entregó al Ejecutivo, que la deberá pasar al Congreso, se afirma que en esa lista van únicamente tres nombres, para tres cargos disponibles, y son Miguel Mery Ayup, Homero Ramos Gloria y Ulises Guadalupe Hernández Torres.

Integran el Consejo de la Judicatura, por el Poder Judicial los Magistrados Miriam Cárdenas, Oscar Nájera Davis y Amador García Ojeda, además de la Juez María Elena Martínez; representa al Ejecutivo Román Alberto Cepeda, y al Legislativo Juan Antonio García Villa.

Que García Villa no haya puesto oposición a la postulación de Mery y Homero Ramos se explica con la inclusión de Ulises Hernández, un abogado de clara filiación panista, fue el suplente de Luis Fernando Salazar como candidato a diputado federal por el PAN; en el servicio público trabajó para el Registro Agrario en gobiernos panistas y para Guillermo Anaya como Juez Municipal.

Como abogado tomó relevancia representando a Ecoagua en el litigio contra el SIMAS de Torreón, cuando su gerente era el hoy todopoderoso Subsecretario de egresos estatal Xavier Herrera.

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En otros temas, Eduardo Olmos Castro acompañó el lunes a Miguel Riquelme a una gira por Piedras Negras. Que un funcionario, que además tiene cercanía personal con el gobernador lo acompañe en una jornada de trabajo, podría ser normal y hasta irrelevante, pero la presencia de Olmos en esas actividades fue destacada en boletines de prensa del gobierno estatal.

A los que les gusta leer señales, encuentran ahí una muy clara de que algo bueno viene para el ex alcalde de Torreón.

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Otro lagunero con buena fortuna es Ricardo Mejía Berdeja, que se estrena como jefe de la oficina del Secretario de Seguridad Alfonso Durazo Montaño.

Ni Mejía ni Durazo saben de seguridad, pero de eso realmente se encargará el Ejército, la chamba de ellos es política.

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En Saltillo se da por hecho que Carlos Robles Lostanau iniciará el 2019 como Secretario del Ayuntamiento.

Por ahora las funciones de operación política y conciliación social, a falta de titular en la Secretaría, han recaído en el Director del IMPLAN, Oscar Pimentel González, que entró al quite con los grupos que se oponen a la remodelación del Mirador.

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«Que nadie más decida -y menos desde la capital del País, o de Coahuila- a quién escogen para llevar la administración de su hogar comunitario», escribió el periodista Manuel J. Jáuregui en un exhorto a los regiomontanos «a que hagan que su voz se escuche fuerte y claro» en la elección extraordinaria que se disputa este domingo. Habrá que esperar los resultados.