OPINIÓN

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13 diciembre, 2018

El que calla otorga, dice el refrán popular.

El que calla ni niega ni otorga, enseñan los maestros en la Escuela de Leyes y repiten los abogados.

Si caes en el lodo muévete despacio, sino te hundes —o ensucias— más, recomiendan en los ranchos.

Si estás lleno de lodo, ¡muévete!, no te limpias pero salpicas a otros, sugieren los cínicos.

Generalmente de buenos reflejos —basta ver la celeridad con la que salió a defenderse de las acusaciones que el fin de semana le hizo Proceso—, el senador Armando Guadiana Tijerina ha guardado un significativo silencio ante los señalamientos de Cristina Aurebach, de la Organización Familia Pasta de Conchos.

Aurebach señala que Guadiana es dueño de uno de los predios en que operan ilegalmente tajos mineros para la extracción de carbón en el área habitacional de Cloete, en el municipio de Sabinas.

Aparentemente no es una empresa de Guadiana la que desarrolló el aprovechamiento minero, el Senador habría rentado el terreno, no se sabe si la concesión es de él o no, pero la Organización está pidiendo que quienes se han beneficiado por más de cuatro años de la operación de esos tajos se hagan responsables por los daños causados.

Los aprovechamientos mineros, algunos incluso ilegales pues no tienen concesión, se fueron acercando al área urbana de Cloete desde hace más de cuatro años, afectando primero vías de acceso, luego áreas verdes e incluso viviendas en al menos dos colonias.

El asunto hizo crisis en 2014 y las familias afectadas desde entonces han llevado sus denuncias a diversas instancias de autoridad. En ninguna encontraron respuesta ni soluciones, hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó una investigación que les llevó más de tres años y en los últimos días del gobierno de Peña Nieto emitió una recomendación que hizo pública el domingo anterior.

La CNDH le señala responsabilidad a diferentes dependencias federales, al Gobierno del Estado de Coahuila y al Municipio de Múzquiz, pidiendo incluso abrir procedimientos administrativos y penales a funcionarios de diferentes niveles, les confiere a los afectados el estatus de víctimas e indica que se les debe reparar el daño causado.

La reparación del daño, considera Familia Pasta de Conchos tiene que pasar por la reubicación de las colonias y dar a los afectados terrenos y viviendas, pues la operación de los tajos no hace posible un asentamiento habitacional en ese lugar.

Pero además de que los funcionarios responsables sean sancionados, deben responder por los daños quienes se han beneficiado de esas explotaciones carboneras, señala la Organización y es ahí donde Aurebach menciona a Guadiana, quien nada ha dicho al respecto.

Sin embargo tampoco se han dado por enteradas las autoridades señaladas por la CNDH.

Se entiende de las del ámbito federal, que están en plena transición, pero hay también instancias estatales y municipales.

En las estatales destaca el caso de la PRODEMI, ahora llamada Impulsora del Carbón, que al operar como intermediario entre las empresas mineras y la CFE tendría responsabilidad, según la CNDH, por sostener relaciones comerciales con empresarios que no respetan los Derechos Humanos.

El titular Javier Gómez Acuña heredó el problema, llegó al cargo hace unos meses luego de ser Director de Planeación Municipal en Torreón, pero no por eso lo puede evadir, tiene que hacerle frente, y ni siquiera se le puede localizar en su oficina en Sabinas, dicen que va poco.

En el ámbito municipal hay responsabilidad porque es precisamente el nivel de autoridad que debió hacer valer las normas de desarrollo urbano y no permitir la operación de los tajos.

El alcalde de Sabinas Cuauhtémoc Rodríguez heredó igualmente el problema, pero no puede seguir siendo omiso tolerando actividades irregulares, además en su siguiente periodo, que inicia el 1 de enero, tendrá que llevar el proyecto de reubicación, o lo que se determine hacer para remediar el daño.

Y le corresponde también iniciar el procedimiento a quienes incurrieron en responsabilidad, un asunto más al expediente del ex alcalde Lenin Flores Lucio.

En este contexto no sorprende el silencio de la diputada Zulmma Guerrero Cázares, que además de ser la representante del Distrito es Coordinadora de la Comisión de Minería y Secretaria de la del Medio Ambiente. Tendría que ser la voz de las familias afectadas en el Congreso, pero es también la esposa de Lenin Flores, entonces ha preferido no salir en defensa de nadie.

Cada uno de los mencionados ha guardado silencio por un motivo diferente. Algunos se atienen a la sabiduría popular, otros a las recomendaciones de los abogados, y alguien más a la de los rancheros, el caso es que aquí hay responsabilidades legales y sociales, y atender de fondo este asunto y solucionarlo es algo que no se puede postergar ya.