Omisión oficial toleró daños por minería irregular en Cloete: CNDH

Imagen: Facebook Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Documentan actuación deficiente de Economía, Semarnat, Conagua, Profepa, Áreas Naturales Protegidas, Gobierno de Coahuila y Municipio de Sabinas, y piden reparar daños a familias afectadas

Saltillo, Coah.- Al no prevenir, investigar, sancionar ni reparar “la persistente y continua explotación irregular o ilegal de carbón mineral”, diversas instancias del Gobierno federal, del estatal en Coahuila y el municipal de Sabinas omitieron cumplir en plenitud sus atribuciones y deberán reparar el daño a familias afectadas en las colonias Altamira y Lomas Altas, en el mineral de Cloete, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En una recomendación emitida el 22 de noviembre, y dada a conocer en la semana que termina, el organismo expone sus conclusiones de la investigación que inició en marzo de 2015 a partir de una queja de familias que resultaron afectadas por la actividad minera que se ha extendido hasta el interior del poblado de Cloete, afectando áreas verdes y recreativas, la hidrografía de la zona y las vías de comunicación, destacó Infonor.

La CNDH instruye a que se brinde la reparación integral y se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a los residentes de las colonias Altamira y Lomas Altas, y se inicie procedimiento administrativo a los servidores públicos responsables de las irregularidades en las diferentes instancias de autoridad.

Las dependencias del Gobierno federal señaladas en la recomendación son la Secretaría de Economía y la del Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Profepa y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, así como el gobierno estatal y el municipal de Sabinas.

En el caso de la Secretaría de Economía, de acuerdo con Derechos Humanos, omitió investigar y sancionar la explotación de carbón mineral en sitios no amparados por concesiones, en donde se da una explotación y aprovechamiento en condiciones sancionadas en el Código Penal Federal.

La dependencia además habría llevado una deficiente investigación respecto del cumplimiento de la Ley Minera en los ámbitos de seguridad estructural, protección del medio ambiente y afectaciones a terceros.

En cuanto a la Semarnat, la responsabilidad se origina en la falta de exhaustividad al evaluar los impactos ambientales, y en conjunto con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por no formular un programa de manejo de la Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego Don Martín.

Por lo que hace a la Profepa, omitió obligaciones al permitir la realización de actividades extractivas dentro de zonas de exclusión.

A la Comisión Nacional del Agua se le señala por la ausencia de vigilancia, así como la dilación e insuficiencia en la determinación de consecuencias, y la insuficiencia de inspección y vigilancia en cuanto descargas ilegales en el sistema hidrológico del Río Sabinas.

El gobierno estatal, de acuerdo con la CNDH, habría incurrido en responsabilidad institucional al omitir actos de inspección y vigilancia en el área de Protección del Río Sabinas, y no supervisar, a través de la Prodemi, el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas con las que lleva transacciones comerciales.

A la Fiscalía General se le señala que da un trámite diferenciado a las denuncias presentadas por empresarios mineros en contra de residentes de Cloete y de una ONG que les representa, respecto a las presentadas por algunos afectados por los delitos de daños y robo.

El gobierno municipal de Sabinas incurrió en responsabilidad al permitir actividades extractivas en áreas no previstas para ello, así como el daño a vialidades y red de servicios públicos, y no adoptar medidas para garantizar la seguridad de la población.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala también la falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, en la prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, por lo que hay una responsabilidad institucional.

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