Un total de 25 personas que se están investigando en torno a la fuga de internos que ocurrió en septiembre en el penal de Torreón, han sido retirados de sus funciones sin goce de sueldo, en tanto culminan las indagatorias, señaló Apolonio Armenta Parga, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario.
Dijo que la investigación está llevándose a cabo por parte de la Fiscalía General y el Órgano Interno de Control de la propia Secretaría de Seguridad y se realizan peritajes para determinar y deslindar responsabilidades.
Ese mismo día se determinó separar al director y al personal que estuvo cuando ocurrieron los hechos. En este sentido indicó que dependiendo de la responsabilidad que se pueda fincar y por ser empleados del área de seguridad, la penalidad máxima que podrían alcanzar es de 15 años de prisión.
Entre el personal que forma parte de la indagatoria están custodios y empleados administrativos, aunque destacó que es poco el personal que no ha pasado las evaluaciones de control y confianza, ya que alrededor de 99 por ciento han pasado esta certificación. En los dos últimos años, sólo dos personas se han dado de baja al no pasar esta evaluación.
Explicó que la carpeta sigue abierta ya que se van cuadrando tanto el procedimiento administrativo del órgano interno como el judicial, y aunque no se han encontrado elementos para fincar responsabilidad a algunos de los involucrados, cada vez que se encuentran nuevos datos se anexan a la carpeta judicial para culminar el proceso.
Según el último diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos realizado en 2017, ya no existe autogobierno en los penales de Coahuila, pero sí las condiciones para que esto ocurra, dado que hay falta de personal de seguridad y custodia, lo que calificó de “falsa interpretación”, ya que el organismo tiene la libertad de ingresar “el día y la hora que sea”.
Por tercer año consecutivo Coahuila ha ocupado el tercer sitio nacional como el mejor en la materia, además de que se trabaja con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para brindar capacitación al personal sobre la adecuada atención a los internos, incluyendo aquéllos que tienen situación de discapacidad.
El funcionario expresó que actualmente se tiene el 40 por ciento de espacios disponibles, que por ende señalan que no se tienen problemas de hacinamiento. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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