Ciudad de México.- Por tercera vez, en menos de 2 semanas, integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras) denunciaron la violencia estatal y paramilitar contra defensoras ambientales, en particular de Miriam Janeth Mejía Cruz y Lourdes Gómez Rodas, quienes llevan más 82 días junto a la sociedad civil hondureña en un campamento para defender el derecho al agua.
De acuerdo al sitio web de Cimac Noticias, eesde el mes de agosto el campamento se instaló en la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón con el fin de frenar las acciones de la empresa minera Inversiones “Los Pinares”, la cual busca explotar el agua de los ríos San Pedro y Guapinol para extraer los minerales en las 200 hectáreas del Parque Nacional “Carlos Escaleras Mejía”, lo que pone en riesgo la vida de más de 900 habitantes y los ecosistemas de esta región.
Por estas acciones la población hondureña y en específico las defensoras han sido víctimas de estigmatización, persecuciones, criminalización y agresiones por personal de la empresa minera “Los Pinares” en presencia de contingentes policíacos y militares hondureños, sin que éstos intervengan, lo que ha dado como resultado la muerte de una defensora la semana pasada, aseguraron organizaciones de este país.
Integrantes de IM-Defensoras declararon que temen por la seguridad e integridad de las defensoras Mejía Cruz y Gómez Rodas, quienes han sido agredidas desde antes de su participación en el Campamento Guapinol, ejemplo de ello, dijeron es la orden de detención, sin fundamentos, contra ellas y otras 16 personas defensoras a quienes el gobierno hondureño amenazó con detener y encarcelar de no desalojar el campamento.
En un comunicado, las integrantes exigieron al gobierno de este país el cese inmediato de cualquier acción orientada a difamar o violentar a las personas integrantes de la Fundación San Alfonso Rodríguez, organización que participa en el campamento, de la directora de éste, Juana Esquivel y de las defensoras Miriam Janeth Mejía Cruz y Lourdes Gómez Rodas.
Resaltaron que harán responsable al gobierno, a cargo de Juan Orlando Hernández y al personal de la empresa “Los Pinares” de cualquier acto violento que les suceda a las defensoras y a las personas que integran el campamento, además, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga al pendiente del caso y brinde apoyo a la Fundación San Alonso Rodríguez y a la resistencia del campamento.
Datos del Informe “Defender para vivir” de la IM-Defensoras, indican que entre los años 2016 y 2017 se registraron mil 132 agresiones contra defensoras, entre ellas uso excesivo de la fuerza, amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias y desprestigio a su labor, las cuales fueron cometidas principalmente por desconocidos, policías y militares. (CIMAC NOTICIAS)
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