EL MUNDO

La privatización, socava la democracia, erosiona los derechos humanos y margina a los pobres

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19 octubre, 2018

Un experto de la ONU en derechos humanos critica al Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y a la propia ONU por haber promovido “agresivamente” la privatización de servicios básicos. También critica a los grupos de derechos humanos por no haber respondido con la suficiente fuerza a los retos que esto ha creado.

“La privatización se basa en hipótesis fundamentalmente diferentes de las que sustentan el respeto de los derechos humanos, como la dignidad y la igualdad”, asegura Philip Alston en un informe sobre La extrema pobreza y los derechos humanos dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Alston, relator especial* sobre la pobreza extrema, indica que “aunque en teoría la privatización no es ni buena ni mala”, su objetivo prioritario es “el beneficio económico, con lo que consideraciones como la igualdad y la no discriminación quedan inevitablemente relegadas a un segundo plano”.

El experto explica que, con la privatización, los titulares de derechos pasan a ser clientes y las personas pobres, necesitadas o con problemas, quedan marginadas. El cuidado, la compasión, la interacción social, la solidaridad y la comunidad, entre otros, se ven como conceptos ajenos que corresponden a otros ámbitos.

Por ese motivo asegura que “nada puede sustituir al sector público a la hora de coordinar las políticas y los programas con miras a garantizar el respeto de los derechos humanos”. Sin embargo, la privatización “menoscaba directamente la viabilidad del sector público y reorienta fondos públicos hacia las subvenciones y las ventajas fiscales para los agentes empresariales”.

Además, ese sector público, en lugar de asumir sus responsabilidades las aparta: “Enfrentados a demandas externas o internas para que procedan a una ´consolidación fiscal´ (medidas de austeridad), los Gobiernos se retiran de la prestación directa de servicios, cambian los déficits a corto plazo por importantes ganancias derivadas de la venta de activos públicos, y demoran responsabilidades financieras ocultas de las que tendrán que hacerse cargo las generaciones futuras”.

Altston también señala que las políticas económicas neoliberales tienen por objeto reducir el papel del Estado, especialmente por medio de la privatización. Y agrega que desde los años ochenta, el neoliberalismo se ha esforzado con gran éxito por deslegitimar la tributación.

«El auge de la privatización no ha hecho más que reforzar esta tendencia. A medida que las empresas van adquiriendo mayor poder político, ejercen una presión mayor para que se reduzcan los impuestos de sociedades, se amplíen las desgravaciones o exenciones fiscales y aumenten los resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos. Estas medidas, a su vez, hacen que las administraciones públicas padezcan un grave déficit de financiación y que su capacidad para prestar servicios públicos y para regular, vigilar, mejorar y, cuando sea necesario, complementar las actividades del sector privado relacionadas con el bien público se vea sumamente limitada», comenta en el informe.

Instituciones internacionales y grupos derechos humanos

En el informe, el relator habla de un proceso de privatización que comenzó en los años setenta: “Esa ola ha sido impulsada no solo por los Gobiernos y por el sector privado, sino también por las organizaciones internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Aunque algunos de sus partidarios presentan la privatización como un mero ´instrumento de financiación´, otros la promueven aduciendo que es más eficiente, flexible, innovadora y eficaz que las alternativas del sector público”.

Pero Alston añade que “en la práctica, sin embargo, la privatización también ha acabado convirtiéndose en una ideología de la gobernanza. Según uno de sus promotores, ´todo lo que fortalece al sector privado [en contra del] Estado protege la libertad personal´. Así, la libertad queda definida por un sector público escuálido al lado de un sector privado que busca el beneficio gestionando partes esenciales del sistema de justicia penal y las prisiones, determinando las prioridades y los enfoques educativos, decidiendo quién podrá recibir intervenciones sanitarias y protección social, y escogiendo qué infraestructura se construirá, dónde y por quién”.

Su crítica se extiende a los propios grupos de defensa de los derechos humanos cuando afirma que “a riesgo de generalizar en exceso”, “en conjunto han hecho poco para hacer frente a las repercusiones amplias y sistémicas de la privatización, y se han limitado a reiterar posiciones doctrinales cuando existen pruebas convincentes de que esos enfoques no están funcionando”.

Recomendaciones

Para replantear la privatización, Alston hace una serie de recomendaciones, entre ellas:

Insistir en que los agentes públicos y privados que se ocupan de la privatización establezcan normas apropiadas a fin de garantizar que se recojan y publiquen datos sobre los efectos en los derechos humanos, y que las cláusulas de confidencialidad estén sometidas a estrictos límites;
Realizar estudios sistemáticos de las repercusiones de la privatización en los derechos humanos en ámbitos concretos, así como en las comunidades pobres y marginadas;
Insistir en que los acuerdos para la privatización de bienes públicos aborden específicamente las repercusiones en materia de derechos humanos;
Estudiar nuevas formas en que los órganos creados en virtud de tratados, los procedimientos especiales, los mecanismos regionales y las instituciones nacionales puedan realmente exigir que los Estados y los agentes del sector privado rindan cuentas de sus actos en contextos de privatización. (ONU NOTICIAS)

*Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos y expertas independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todo el mundo. Las expertas y expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier Gobierno u organización y actúan a título individual.