Andrés Manuel López Obrador les aseguró a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ que se conocerá la verdad de lo que sucedió con sus hijos y se investigará “a todos”, incluido el Ejército y la Policía Federal.
Después de una reunión que duró poco más de dos horas, el presidente electo ofreció una conferencia de prensa, junto con los padres de los jóvenes, el director del Centro Prodh, Mario Patrón, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde anunció que se creará una Comisión de la Verdad, según dio a conocer el periódico El Financiero.
“En la campaña hice el compromiso para conocer qué sucedió en el lamentable caso de los jóvenes de Ayotzinapa y vamos a cumplir, aquí ya se expresó cuál es el acuerdo general. Vamos a solicitar al Poder Judicial -con todo respeto porque se trata de un poder independiente- que reafirme la sentencia para que se pueda construir la Comisión Investigadora en este caso».
El presidente electo señaló que el primero de diciembre emitirá un decreto para crear la Comisión Investigadora, si es que no se ha hecho para entonces.
Agregó que las instituciones “se fortalecen” cuando se conoce la verdad.
Al final del encuentro se le preguntó si se permitirá la investigación al Ejército y a la Policía Federal, a lo que respondió que “a todos”.
Epifanio Álvarez, padre del normalista desaparecido Jorge, comentó que exigen se reconozca la participación de Ejército en este caso que López Obrador comentó que “él dijo que se van a investigar a militares, policías federales y que eso no les va a afectar. Así lo dijo él”.
María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni, dijo que el compromiso fue no “obstaculizar” ninguna investigación y dar todas las facilidades para que se llegue a la verdad.
“Agradecemos infinitamente, desde nuestro corazón, que la Comisión estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CIDH, por el GIEI. Y como el señor presidente lo dijo en su campaña: juntos haremos historia”.
Esmeralda Arosamena, representante de la CIDH, dijo en entrevista que “necesitamos organizarnos, establecer una metodología, tener una visión de amplitud, porque se trata de muchas instituciones, vamos a ver cuál es la responsabilidad que tienen cada una”.
Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, dijo a El Financiero que el ánimo de la reunión fue de cooperación, pero que aún no se tienen definido los mecanismos por los cuales la Organización conformará la Comisión.
Antes de la reunión, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas dijo que con el próximo Gobierno federal hay “buenas señales” para que pueda haber justicia.
En tanto, Olga Sánchez Cordero, propuesta como próxima secretaria de Gobernación, aseguró que “vamos a llegar a la verdad, y vamos a acompañar, es un compromiso. El presidente (electo) quiere tener la reunión con ellos, presencial, quiere estar cerca, quiere estar junto a ellos”.
Además, señaló que se instalará la Comisión de la Verdad para cumplir con la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. (EL FINANCIERO)
La madrugada del 27 de septiembre de 2014 más de 100 estudiantes de una escuela rural normal ‘Raúl Isidro Burgos’ fueron atacados por policías coludidos con criminales. De los 43 desaparecidos aquella noche, solo se encontraron supuestos restos de uno de ellos.
La desaparición de los estudiantes golpeó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo las relaciones entre las autoridades y grupos del crimen organizado en el país.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), halló en el 2015 que la investigación oficial del caso estuvo plagada de errores que podrían obligar a la revisión completa.
El extenso trabajo, que encendió la indignación dentro y fuera del país, logró echar abajo la versión oficial del gobierno de que los estudiantes habrían sido quemados en un basurero de Cocula.
Tras reconocer serias fallas en las pesquisas de la fiscalía nacional, un tribunal mexicano ordenó a principios de junio la creación de una comisión independiente para investigar la desaparición de los 43 estudiantes.
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