El Pleno del Congreso de Coahuila aprobó exhortar a las cámaras del Congreso de la Unión, a estudiar la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad que investigue los homicidios y desapariciones ocurridas durante el período 2006 a 2018 y, en su caso, se deslinden y finquen las responsabilidades que resulten.
La proposición, aprobada por unanimidad, fue presentada por la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con objeto de abonar para esclarecer el problema de las decenas de miles de homicidios y desapariciones ocurridas durante los últimos dos sexenios, «ya que como país, no es posible olvidar esa etapa de la vida nacional que derivó en un saldo negro en el número de homicidios y desaparecidos a niveles jamás sufridos por la nación».
Destacó en su exposición de motivos que el próximo Presidente de la República contará con mayoría en ambas Cámaras, la de senadores y diputados, lo que evitará la parálisis legislativa y facilitará que el Congreso de la Unión investigue temas que, «en el pasado, han sido solapados».
Aseguró que las víctimas de estos hechos no son solo los asesinados y desaparecidos, sino también sus familiares y amigos, por lo que el número de víctimas es «dolorosamente enorme».
«Nadie puede poner en duda la legitimidad que les asiste a las víctimas al reclamar justicia. Tampoco se pone en duda la obligación del Estado Mexicano de dar respuesta a esa legítima demanda», expuso.
Sostuvo que el inicio de la reconciliación nacional no puede ser otro que el reconocimiento del derecho de las víctimas a conocer la verdad.
Indicó que es ineludible investigar lo que pasó, lo que hicieron o dejaron de hacer las autoridades competentes, cuáles y cuántas desapariciones se pueden tipificar como desaparición forzada y, en su caso, determinar las responsabilidades que de ello se desprenda.
«Como en otros países, se debe estudiar la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad para investigar los hechos. Esta Comisión debe incorporar no solo a legisladores y autoridades federales, sino también a los representantes de las víctimas y a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales y extranjeros, a efecto de que su trabajo sea objetivo, plural, especializado y público. No puede haber perdón donde no se conoce la verdad y, sin la verdad, nunca habrá justicia para las víctimas». (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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