Ciudad de México.- Los mexicanos votarán este domingo para elegir al próximo presidente y definir miles de cargos locales, en el proceso electoral más violento de las últimas dos décadas, coincidieron expertos consultados por Xinhua.
«Desde la etapa de transición en México, en 1997, no se había dado un proceso electoral a nivel federal tan violento como el que tenemos en este 2018», dijo el director de la consultora en riesgos políticos Etellekt, Rubén Salazar.
En su último reporte presentado el viernes, Etellekt mencionó que 136 políticos fueron asesinados durante el proceso que comenzó en septiembre del año pasado, 20 de ellos candidatos en campaña y otros 28 aspirantes a una candidatura.
Hace seis años, el proceso para los comicios generales de 2012 cerró con nueve muertes y sólo en uno de los casos se trató de un candidato, explicó Salazar en entrevista.
En esta ocasión, la jornada para elegir al presidente, Congreso y 17.670 cargos locales estará precedida por 581 homicidios, atentados, amenazas y secuestros dentro de una ola de violencia que tuvo sus picos más altos en el último tramo de la etapa de campañas.
La violencia tocó a miembros de los principales partidos políticos, desde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el puntero en los sondeos para la presidencia Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
«Es un mal mensaje porque los candidatos y candidatas privadas de la vida eran de todos los partidos políticos. Es un punto que hay que señalar», declaró por su parte el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva.
El grueso de los candidatos y precandidatos que murieron aspiraban a alguno de los 16.690 puestos en juego para alcaldías y ayuntamientos, mientras que 10 de ellos a diputaciones en Congresos de estados.
Para cargos a nivel federal se registró sólo un asesinato, el del candidato del PRI a diputado por el norteño estado de Coahuila, Fernando Purón, quien recibió un impacto de bala en la cabeza el 8 de junio en la calle tras salir de un debate.
La mayoría de los crímenes de los aspirantes a puestos se cometieron en localidades de los sureños estados de Guerrero y Oaxaca, el occidental Michoacán y el central Puebla.
En Guerrero, estado que encabezó la lista de políticos asesinados, ocurrieron casos como el de Abel Montúfar, alcalde con licencia de Coyuca de Catalán que contendía por el PRI para diputado del Congreso guerrerense.
Montúfar realizaba un acto porselitista el pasado 8 de mayo en un poblado del municipio de Coyuca de Catalán, enclavado en una región con presencia de narcotraficantes, cuando varios pistoleros lo raptaron, asesinaron y tiraron su cuerpo a la calle.
Según Etellekt, casi el 70 por ciento de las muertes de los políticos fueron perpetradas por grupos de hombres armados y en menor medida por asesinos solitarios o en otras circunstancias.
El clima de agresiones llevó a varias decenas de candidatos a pedir protección al gobierno mexicano o las autoridades estatales, mientras que en lugares como Guerrero los aspirantes optaron por hacer sus actos antes del anochecer o abrir «chats» en su celular con la policía.
Una semana antes del 27 de junio, cuando concluyeron las campañas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alertó que el proceso estaba marcado por la violencia y, por separado, el Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro de los comicios, pidió esclarecer las agresiones.
«Manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quienes deben o no deben estar en la boleta electoral», declaró la presidenta del tribunal, Janine Otálora, el pasado 21 de junio.
Para los expertos, el hecho de que el blanco sean políticos del nivel municipal sugiere que se trata de peleas por el poder en pueblos, más que una situación producto de la violencia del crimen organizado que afecta a México.
El analista en seguridad, Alejandro Hope, explicó que las víctimas eran candidatos y dirigentes con incidencia en pequeñas localidades y comunidades rurales donde existen conflictos políticos o intercomunitarios por distintas causas.
«Puede haber dosis del crimen organizado particularmente en Michoacán y Guerrero, pero allí el crimen organizado se ha tendido a fragmentar y a volver más local su alcance», dijo Hope en entrevista.
Salazar, el director de Etellekt, recordó que las alcaldías manejan licitaciones para obras públicas y muchas de ellas cuentan con su propia policía, factores que en su opinión pueden estar detrás del interés de políticos locales por mantenerse o acceder al gobierno a cualquier costa.
El 75 por ciento de las agresiones en general se dirigieron hacia candidatos, dirigentes, operadores y militantes de partidos políticos que son oposición en esos sitios, destacó el consultor.
«Es un tema que compromete la gobernabilidad democrática a nivel local», explicó Salazar.
«Es un grave problema porque muchas de estas autoridades no sólo se están imponiendo a través de la violencia, sino que finalmente lo que buscan es controlar estructuras gubernamentales», agregó.
A pesar del accidentado proceso, Hope y Villanueva coincidieron en que no esperan incidentes graves este domingo, cuando están convocados a votar 89 millones de mexicanos.
Villanueva deploró, sin embargo, que la violencia pueda ser usada para generar miedo o inquietud y que inhiba la asistencia de la gente a las casillas durante los comicios, catalogados como los más grandes de la historia de México por el número de votantes y de cargos a renovar.
Esta semana, la fiscalía electoral mexicana anunció que 500.000 policías cuidarán las elecciones.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, señaló por su parte en un mensaje a la nación el pasado jueves que salir a votar es la mejor forma de manifestar un rechazo a la violencia.
Para Salazar, la violencia política que marcó el proceso electoral el México no se observa en otros países latinoamericanos que tuvieron o alistan comicios este año, como Colombia, cuya primera vuelta se realizó el 27 de mayo y la segunda el 17 de junio y que también sufre inseguridad por narcotráfico y otros factores.
«Hay un problema fuerte de gobernabilidad en México», reiteró el consultor. (XINHUA)
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