ACAPULCO. Las agresiones a precandidatos, aspirantes y funcionarios partidistas, un gran porcentaje de éstas contra mujeres, provocan temor e inseguridad en la población que pueden inhibir el ejercicio de sus derechos políticos, coincidieron procuradores y fiscales de todo el país, compartió El Heraldo de México.
Durante la 39 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que se realizó en este puerto, los funcionarios rechazaron la violencia política y se comprometieron a reforzar las acciones de investigación para esclarecer los casos y que se sancione a los responsables.
“Las y los procuradores y fiscales generales del país envían el mensaje conjunto a la sociedad civil de que las instituciones de procuración de justicia rechazan la violencia política y se comprometen a reforzar las acciones de investigación para lograr la persecución de los delitos”, aseguró Víctor Carrancá, vocero de la CNPJ.
Acompañado del encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y del fiscal Especializado en la Atención de Delitos Electorales, (Fepade), Héctor Díaz Santana, Carrancá llamó a los ciudadanos a denunciar y colaborar con las autoridades para detener a los agresores y que éstos sean sujetos a proceso.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, informó que aproximadamente 36 candidatos solicitaron protección de autoridades federales.
OCHO PRIORIDADES
Al presentar la política criminal y persecución penal de la dependencia, Elías Beltrán dijo que se deben fortalecer las capacidades de investigación y litigación en casos de alta complejidad como narcotráfico, delitos económicos y financieros; lavado de activos, tráfico de armas, crimen organizado, contrabando, delitos ambientales y corrupción.
“Debemos de fortalecer las capacidades de investigación y litigación en estos ocho mercados criminales y poder pegar a toda la cadena de valor, que es lo que no hemos hecho.
“En el caso de narcotráfico, en las reuniones que hemos tenido con las autoridades americanas decimos que lo que tenemos que hacer en el caso del narcotráfico es verdaderamente pegarle a la cadena de valor”, detalló.
Señaló que la estrategia de la PGR es enviar los delitos de baja complejidad y alto volumen a las unidades de justicia alternativa y tener mayor eficacia en la persecución de los ilícitos de especialidad y sofisticados.
Además, la PGR señaló que está imposibilitada para cumplir la sentencia de amparo en la que se ordena crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, pues presentó un incidente de imposibilidad real, jurídica y material contra este fallo. (EL HERALDO DE MÉXICO)
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