Ciudad de México.- Durante 2017 en México fueron asesinados 31 defensores de Derechos Humanos, 28 hombres y tres mujeres, señala el reporte anual de la organización Front Line Defenders (FLD), que se dedica a la protección de personas defensoras a nivel mundial.
El reciente informe contabilizó el asesinato de 312 defensoras y defensores en 27 países en 2017, la mayor parte de ellos, en Latinoamérica. Sin embargo, destacó que la estrategia más común para atacar a este grupo de personas es por medio de la criminalización.
El 80 por ciento de los asesinatos fueron cometidos en cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas. En Brasil, fueron ultimados 25 defensores y dos defensoras. En Colombia fueron 79 hombres y doce mujeres y en México 28 hombres y tres mujeres,
En el caso de México el 23 de marzo de 2017 fue asesinada la periodista y corresponsal del diario La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea; el 10 de mayo ocurrió el crimen contra la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desaparecida en Tamaulipas, desde 2012.
El informe también documento el asesinato de Meztli Omixochitl Sarabia, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, quien fue asesinada el 29 de junio en Puebla.
En México Front Line Defenders destacó un alza en los asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente y periodistas. En general, contabilizó cinco muertes más que en 2016. También señaló su preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017 ya que, dijo, “los términos de la ley son ambiguos y pueden provocar implementación arbitraria, teniendo efectos negativos en protestas sociales.”
Destacó además el descubrimiento de la implementación del programa de espionaje “Pegasus” que el gobierno mexicano supuestamente usó en contra de defensoras y defensores de Derechos Humanos, abogadas, abogados y periodistas.
Las amenazas contra defensoras muchas veces tienen una dimensión de género, escribió la organización en su reporte, haciendo referencia a la violencia sexual, asesinatos o ataques con ácidos hacia las mujeres, una forma de violencia que se emplea en el sureste de Asia. También se registró violencia sexual por parte de policías y amenazas contra hijos e hijas de defensoras.
En el caso de México, una mujer desconocida amenazó al hijo de la defensora de derechos laborales, Rita Amador López. En julio pasado vía telefónica le dijeron: “Dile a Rita que vamos a matar uno de sus hijos”.
Las amenazas con dimensión de género se reportaron en muchos países de Latinoamérica: En El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Colombia, Perú, y Honduras.
En general gran parte de las y los defensores asesinados el año pasado se dedicaban a la defensa del derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Muchas veces, la violencia contra las personas que defienden una causa se da durante la implementación de mega proyectos, aunque como un ejemplo inspirador se menciona la aprobación de una ley en El Salvador que prohíbe las empresas mineras en todo el territorio nacional.
En muchos casos, mencionó el reporte de FLD, las instituciones del Estado no respondieron a las amenazas y ataques, y en otros, las mismas fuerzas estatales fueron las responsables de estos crímenes.
Una estrategia común para acallar a las y los activistas fue interponer en su contra procesos legales infundados, en la mayoría de las ocasiones acompañadas por campañas difamatorias. Estas campañas tienen como objetivo alejar a las activistas de la población en general y del grupo de personas cuyos derechos están defendiendo, retratándoles como “enemigos del Estado” y desviando la atención de las deficiencias del estado.
Uno de los puntos preocupantes es que según los datos de FLD durante los procesos electorales se produce un incremento de ataques contra defensoras y defensores. Esta característica resaltó porque en 2018 Brasil, Colombia y México, los países con mayor número de asesinatos, estarán en la organización y ejercicio de comicios. (CIMAC NOTICIAS)
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