Ciudad de México.- La batalla inició desde finales de 2017, cuando Karla decidió pedir ayuda afuera de los muros de su oficina del Instituto Nacional Electoral (INE). Había sido acosada sexualmente durante dos años por un alto funcionario del instituto, y la historia parecía terminar cuando desde el INE la separaron de su puesto en octubre pasado.
Llegó entonces con Mónica Pérez Ríos y su socio, Luis Alberto Hernández Moreno, abogados que llevan el caso de Karla (quien no da su apellido por motivos del juicio).
“Todo empezó en octubre, me fue a ver (Karla) porque ya tenía muchos problemas, estaba desesperada; además de sufrir acoso laboral (la obligaron a asistir al trabajo a pesar de que tenía parálisis facial en ese momento), fue víctima de acoso sexual por parte de su jefe, un funcionario de alto nivel. Luis Hernández, en entrevista para el medio digital The Huffington Post México.
El hostigamiento por parte de Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez, director del Secretariado del INE, llegó a su punto más álgido el pasado 10 de octubre, cuando se tomó la decisión de separar a Karla de su puesto so pretexto de las incapacidades reivindicadas debido a su parálisis facial.
“Su jefe, después de haberla hostigado sexualmente, le dijo «así (refiriéndose al padecimiento de Karla) ya no me sirves», señalaron los abogados.
A partir de la recesión del contrato laboral de Karla, su defensa comenzó un proceso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los abogados exigieron que se tomaran medidas de protección a la víctima, que se juzgara con perspectiva de género, y que se tomaran las medidas necesarias.
A su vez, por medio de un escrito, los abogados dieron a conocer a Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, la información sobre los abusos sufridos por Karla.
“Le explicamos cómo se habían dado las cosas, qué había pasado, y no obtuvimos respuesta inmediata», aseveró Hernández. Casi tres meses después de la denuncia, Lorenzo Córdova no se ha pronunciado al respecto.
La defensa de Karla declaró que a pesar de que entregaron una copia de la denuncia a todos los secretarios electorales y al secretario ejecutivo, «la única respuesta que tuvimos (en octubre) fue un escrito firmado por el director de administración, Bogart Montiel, donde él aseguró que se abriría un proceso con base en un protocolo».
Luis Alberto detalló que hasta que la noticia fue difundida por la prensa nacional en noviembre pasado, autoridades del INE decidieron comenzar un procedimiento legal administrativo de manera paralela al que habían iniciado los abogados.
Sin resolver
El INE, a pesar de ya existir un procedimiento penal, le volvió a pedir a Karla que presentara pruebas que corroboraran sus acusaciones. Además, hasta hoy día no le ha requerido a la parte perjudicada que rinda una declaración, ni tampoco a ningún otro colaborador de su área (misma que está compuesta por alrededor de 50 personas).
El protocolo que prometía justicia
El INE cuenta con un protocolo para atender a funcionarios que hayan sido víctimas de hostigamiento u otro tipo de agresión sexual o laboral. Sin embargo, la experiencia de Karla al denunciar los abusos que padeció, es una realidad dispar a la que aspira dicho documento.
A diferencia de lo que estipula el protocolo, el INE le exigió a la víctima la presentación de evidencia. El reglamento también estipula que el presunto victimario, debe ser separado de su cargo para no entorpecer las indagaciones. A diferencia del reglamento, el director Jorge Lavoigenet mantiene hasta hoy día su puesto con goce de sueldo.
Cabe destacar el hecho de que antes de buscar asesoría jurídica externa, Karla acudió a distintas áreas del propio INE en busca de asistencia legal y psicológica, pues fue víctima de acoso sexual por más de dos años. Mas sólo se encontró con funcionarios que sugirieron —de manera tácita— que desistiera de realizar alguna acusación en contra de Lavoigenet.
Cuando Karla buscó al personal de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, la maestra Mónica Maccise Duayhe, titular de la misma, manifestó que era «muy difícil probar ese tipo de acoso» porque además, Karla no era la única que había pasado por esto.
En contraste con la enunciación de Maccise, el protocolo es claro con respecto a qué acciones y actitudes califican como agresiones sexuales.
Este caso será la primera denuncia de acoso sexual que se resolverá con base en el protocolo, mismo que tiene dos años de haberse implementado. Por lo pronto, el pasado 5 de enero, Karla fue reintegrada como operaria del INE, aunque ya no en las oficinas centrales donde trabajaba, sino en las oficinas de la dependencia en el Estado de México.
A partir de la denuncia de Karla, se han acercado a ella y a sus abogados al menos tres personas más que aseguran haber sido víctimas de delitos sexuales y atropellos laborales en el INE. «Estamos evaluando para ver cuáles de esos casos pueden derivar en procesos legales», declaró Luis Alberto.
En 2014, Lorenzo Cordova anunció la implementación del protocolo y se comprometió a que todas las quejas sobre hostigamiento o acoso sexual o laboral se analizarían con perspectiva de género. Sin embargo, al saltar este caso a la luz, sorprende el silencio del consejero presidente.
Desde la redacción buscamos a Mónica Maccise para que nos respondiera algunas preguntas, pero al cierre de esta nota no había respuesta. (THE HUFFINGTON POST MÉXICO)
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