Ante los casos de personas que pierden la posesión de viviendas, terrenos y otros bienes inmuebles mediante engaños, amenazas, documentos irregulares u ocupaciones ilegales, el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, junto con integrantes del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) impulsar una estrategia nacional contra el delito de despojo.

La propuesta presentada ante la Diputación Permanente del Congreso de Coahuila plantea establecer mecanismos de coordinación entre la autoridad federal y las fiscalías de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer la prevención, investigación y persecución de este tipo de conductas y lograr una respuesta más rápida ante las denuncias de los propietarios afectados.

El legislador advierte que el despojo representa un problema particularmente grave debido a que no solamente afecta económicamente a las víctimas, sino que puede significar la pérdida del patrimonio construido por una familia durante años.

Un delito que afecta directamente al patrimonio

Aguado Gómez señala que existen distintas modalidades mediante las cuales una persona puede ser privada ilegalmente de la posesión de un inmueble, situación que obliga a fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y respuesta.

El problema adquiere especial relevancia cuando las víctimas son personas adultas mayores, familias en condiciones de vulnerabilidad o propietarios que por distintas circunstancias no habitan permanentemente sus viviendas o terrenos.

En estos casos, recuperar la posesión puede derivar en procedimientos legales prolongados, aun cuando las personas afectadas cuenten con documentación que acredite la propiedad.

La propuesta sostiene que la protección del patrimonio debe constituir una prioridad para las instituciones encargadas de procurar justicia, particularmente ante conductas que pueden involucrar redes organizadas o mecanismos fraudulentos para apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles.

Piden coordinación entre fiscalías

Uno de los principales planteamientos es establecer una estrategia que permita mejorar el intercambio de información y la coordinación entre autoridades.

Aunque la investigación de estos delitos corresponde principalmente a las fiscalías estatales conforme a cada legislación penal, el diputado considera conveniente impulsar mecanismos nacionales que permitan compartir experiencias, identificar patrones y mejorar las capacidades institucionales.

La participación de la FGR permitiría, de acuerdo con el planteamiento, promover una estrategia coordinada con las fiscalías de los estados para fortalecer la atención de este fenómeno.

El objetivo sería establecer mejores mecanismos para prevenir los despojos, facilitar las denuncias, agilizar las investigaciones e identificar posibles esquemas utilizados de manera recurrente para apropiarse ilegalmente de inmuebles.

Buscan respuestas más rápidas para las víctimas

El punto de acuerdo también pone énfasis en los tiempos que enfrentan quienes buscan recuperar sus propiedades.

Para el legislador, una de las consecuencias más graves ocurre cuando las víctimas deben atravesar largos procedimientos administrativos o judiciales mientras las personas responsables continúan ocupando el inmueble.

Por ello, la estrategia propuesta buscaría generar mecanismos que permitan una actuación más eficaz de las autoridades desde el momento en que se presenta una denuncia.

El planteamiento sostiene que combatir el despojo requiere tanto acciones de carácter penal como mecanismos preventivos que permitan alertar a propietarios y ciudadanos sobre los métodos utilizados para cometer estos delitos.

Proteger el patrimonio familiar

Aguado Gómez considera que detrás de cada inmueble existe, en muchos casos, el resultado de años de trabajo y ahorro de las familias, por lo que las instituciones deben contar con instrumentos suficientes para protegerlo.

La propuesta busca que la respuesta gubernamental no se limite a investigar los casos una vez consumado el despojo, sino que se desarrollen acciones preventivas y mecanismos de coordinación capaces de reducir los riesgos.

Finalmente, el punto de acuerdo exhorta a la Fiscalía General de la República para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las fiscalías generales de las entidades federativas, impulse una estrategia nacional para prevenir, investigar y combatir el despojo de bienes inmuebles.

La finalidad es fortalecer la protección jurídica de viviendas, terrenos y demás propiedades, agilizar la atención de las víctimas y generar herramientas que permitan enfrentar con mayor eficacia un delito que puede poner en riesgo el patrimonio de familias enteras.