Con el objetivo de combatir los préstamos informales con intereses excesivos y fortalecer la protección del patrimonio de las familias coahuilenses, el diputado Fernando Rodríguez González, de la fracción parlamentaria «Movimiento Coahuilense» del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza y aumentar las sanciones contra quienes incurran en prácticas de usura.

La propuesta plantea modificar la fracción XI del artículo 292 del Código Penal para ampliar los supuestos bajo los cuales la usura será equiparada al delito de fraude y establecer agravantes cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables o cuando los responsables recurran a amenazas, violencia o mecanismos de intimidación para exigir el pago de los préstamos.

En la exposición de motivos, el legislador señala que durante el último año se ha observado un incremento en distintas regiones de Coahuila de esquemas de financiamiento informal que operan al margen del sistema financiero y que afectan gravemente la economía de miles de familias.

«En la mayor parte de las regiones del Estado, pero principalmente en la región Sureste, Centro, Laguna y Carbonífera, durante este último año hemos sido testigos de cómo numerosas personas recurren a préstamos informales debido a la falta de acceso al sistema financiero tradicional«, expone la iniciativa.

Rodríguez González advirtió que esta situación ha permitido el crecimiento de redes de prestamistas que imponen tasas de interés desproporcionadas, realizan cobros diarios o semanales con intereses acumulativos y emplean prácticas abusivas para recuperar el dinero prestado.

Según el diputado, estas conductas generan ciclos permanentes de endeudamiento que impiden a las personas liquidar sus deudas, además de provocar afectaciones económicas, patrimoniales e incluso emocionales.

«Estas prácticas, comúnmente identificadas como usura, se caracterizan por la imposición de intereses desmedidos que, en muchos casos, hacen imposible la liquidación de las deudas contraídas, generando ciclos permanentes de endeudamiento que afectan gravemente el patrimonio de las personas deudoras«, señala el documento.

Propone aumentar las penas

La iniciativa mantiene la usura como una modalidad equiparada al fraude, pero endurece las consecuencias penales para quienes aprovechen la necesidad económica o el desconocimiento financiero de las personas para obtener beneficios desproporcionados.

El proyecto establece que se impondrán las penas correspondientes al fraude de mayor cuantía y, además, éstas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando concurran determinadas circunstancias agravantes.

Entre ellas destacan que la víctima sea una persona adulta mayor, una persona con discapacidad o alguien en condición de vulnerabilidad; que el responsable utilice amenazas, intimidación o violencia física o psicológica para cobrar la deuda; que obligue al deudor a firmar documentos en blanco o instrumentos jurídicos simulados; que obtenga bienes inmuebles, vehículos u otro patrimonio como consecuencia del préstamo, o que el delito sea cometido por grupos organizados o afecte a múltiples víctimas.

Asimismo, la iniciativa incorpora la obligación para que las autoridades investigadoras realicen investigaciones patrimoniales cuando existan indicios de que los recursos obtenidos provienen de actividades sistemáticas de usura, con el fin de identificar el origen y destino del dinero obtenido mediante estas prácticas.

Buscan cerrar espacios a prestamistas ilegales

El diputado sostiene que el problema no radica en la existencia de créditos o préstamos entre particulares, sino en el abuso que ejercen algunos prestamistas aprovechándose de personas que enfrentan necesidades económicas urgentes.

«Solicitar un préstamo no es una mala medida; incluso éstos son necesarios para el crecimiento de una sociedad. El problema es que se han permitido indebidamente préstamos caros, abusivos y con medidas engañosas«, argumenta la iniciativa.

En ese sentido, Rodríguez González considera que las sanciones actualmente previstas por la legislación resultan insuficientes para inhibir estas conductas, por lo que plantea fortalecer el marco penal para brindar mayores herramientas a las autoridades encargadas de investigar y sancionar este tipo de delitos.

Protección al patrimonio familiar

La iniciativa subraya que la usura no sólo representa un problema financiero, sino también social, ya que muchas familias terminan perdiendo bienes, patrimonio e incluso su tranquilidad debido a mecanismos de cobro basados en amenazas y hostigamiento.

Por ello, el legislador propone reforzar la protección jurídica de las víctimas y enviar un mensaje de mayor firmeza contra quienes lucran con la necesidad económica de la población.

«La presente iniciativa tiene como finalidad fortalecer la protección del patrimonio de las familias coahuilenses y dotar a las autoridades de herramientas jurídicas más eficaces para combatir este fenómeno«, concluye la exposición de motivos.

De ser aprobada por el Congreso del Estado, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y permitiría imponer penas más severas a quienes incurran en prácticas de usura, particularmente cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad o empleen mecanismos de intimidación para obtener beneficios económicos ilícitos.