La crisis silenciosa de los Tribunales Laborales en México
La reforma laboral en México se presentó como una transformación histórica orientada a ofrecer una justicia más rápida, transparente y cercana tanto a trabajadores como a empleadores. La desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial prometían profesionalizar el sistema y superar décadas de rezago.
Los Tribunales actualmente enfrentan una crisis silenciosa que pocas autoridades reconocen de manera abierta. Ya que persisten problemas estructurales que frenan el funcionamiento del sistema de justicia laboral y reducen su capacidad de respuesta, por los problemas siguientes:
Falta de personal suficiente para atender el volumen de expedientes, promociones y audiencias.
Infraestructura limitada y sistemas tecnológicos que, en algunos casos, generan más demoras que soluciones.
Intervención de figuras administrativas poco claras en la práctica, lo que provoca confusión y burocratización.
La lentitud procesal tiene efectos concretos y profundos. Para un trabajador despedido, un juicio prolongado puede significar meses o incluso años sin ingresos suficientes para sostener a su familia. Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la incertidumbre jurídica implica costos adicionales, reservas financieras prolongadas y dificultades para operar con estabilidad.
El nuevo modelo laboral busca privilegiar la conciliación para reducir la judicialización de los conflictos. Sin embargo, muchos asuntos llegan a los tribunales después de conciliaciones fallidas, lo que incrementa la carga de trabajo sin que exista todavía una estructura suficiente para absorberla. En estas condiciones, la justicia tardía termina convirtiéndose en una forma de injusticia.
A ello se suma una carga de trabajo desproporcionada para los jueces laborales, el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (RELABE) del INEGI señala que en el 2025 los Tribuales Estatales iniciaron 130 mil 921 nuevos expedientes; en contraste los asuntos concluidos o terminados que fueron 41mil, 116 expedientes en ese mismo año de 2025. En el marco del panel justicia laboral laboral ante el TMEC, en la Segunda Convención Nacional del Sindicalismo Responsable, el Magistrado en retiro Héctor Mercado sostuvo que el mecanismo de selección y capacitación de jueces, diseñado para garantizar juicios de máximo seis meses, no se ha instrumentado adecuadamente. La sustitución de jueces altamente calificados por personal sin experiencia amenaza la calidad de las decisiones judiciales y afecta la confianza en el sistema.
De acuerdo con el RELABE al cierre de 2025, había en México 261 personas juzgadoras en materia laboral, de las cuales 117 son mujeres y 144 hombre. En Coahuila contamos con 4 mujeres y 9 hombres. Tribunales que de acuerdo con el RELABE tiene en trámite 6122 expedientes.
Este problema también alcanza al personal del sistema de justicia laboral. Secretarios, actuarios y trabajadores administrativos quienes laboran bajo presión constante, con jornadas excesivas y una demanda institucional creciente. Hablar de justicia laboral también exige reconocer las condiciones laborales de quienes la hacen posible.
Un sistema colapsado afecta por igual a trabajadores y patrones, deteriora la confianza en las instituciones y debilita el Estado de Derecho. Por eso, la reforma laboral no debe evaluarse solo por el cambio de nombre de las instituciones o por la apertura de nuevas sedes judiciales, sino por su capacidad real para resolver conflictos de manera pronta, imparcial y eficiente.
Reconocer esta crisis silenciosa no implica descalificar la reforma laboral, sino aceptar que aún enfrenta retos profundos. Negar el problema solo prolongará sus efectos. La justicia laboral mexicana necesita más presupuesto, mejor capacitación, mayor autonomía judicial y una planeación institucional real. De lo contrario, existe el riesgo de que una reforma prometedora termine rebasada por su propia realidad.
