Las utilidades
El pago de utilidades en México tiene una finalidad social clara: que las ganancias de las empresas también beneficien a las personas que contribuyen a generarlas con su trabajo, esta obligación responde al enfoque social del marco constitucional; busca evitar que la riqueza producida por la actividad diaria de la empresa se concentre sólo en quienes la administran o poseen, reconoce que quienes producen, operan y sostienen el funcionamiento cotidiano también deben participar en los resultados obtenidos.
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, o más conocida como PTU, es un derecho laboral reconocido en la Constitución, previsto en la fracción IX, del apartado A de su artículo 123.
La PTU es un derecho que corresponde a quienes hayan laborado al menos 60 días en empresas con utilidades netas iguales o superiores a $300,000.00 pesos, y que cuenten con más de un año en funcionamiento. Bajo estas condiciones, los trabajadores tendrán derecho al reparto de utilidades, incluso si ya no laboran en la empresa.
Las ventajas de cumplir con el reparto de utilidades son: favorecer el orden contable y el cumplimiento de la normatividad laboral; prevenir riesgos legales y posibles conflictos con el personal; fortalecer la confianza de la plantilla y por ende contribuye a relaciones laborales más estables.
Conforme a los artículos 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas determinar el porcentaje de las utilidades que deberán ser repartidas a los trabajadores, porcentaje que, según el resolutivo primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, corresponde al 10%.
Dicha cantidad se divide en dos partes: Una se distribuye de forma proporcional al número de días trabajados por cada empleado en el año; la otra se reparte con base en los salarios percibidos por cada trabajador.
Para los trabajadores de confianza el monto máximo a repartir será el equivalente al salario del trabajador sindicalizado o de planta mejor remunerado incrementado en un 20%; para el resto de los trabajadores, el límite será el equivalente a tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, lo que resulta más favorable para el trabajador.
El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el empleador presentó o debió presentar su declaración anual, aun y cuando exista alguna objeción en trámite por parte de los trabajadores, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo.
La participación de las utilidades es una obligación constitucional, motivo por el cual la fracción II del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, señala que se impondrá multa de 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización a los patrones que no paguen la PTU a sus trabajadores.
Considero que la distribución de utilidades se sustenta en una idea de justicia social: si la empresa genera ganancias, el esfuerzo de sus trabajadores debe reflejarse en un beneficio tangible. Además de tratarse de un mandato legal, este mecanismo se convierte en un respaldo económico que impacta directamente en la vida diaria de numerosas familias.
