La diputada Magaly Hernández Aguirre, junto con las y los integrantes del grupo parlamentario “Andrés Manuel López Obrador” de MORENA, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila, con el propósito de brindar respaldo jurídico, psicológico e institucional a docentes que enfrenten acusaciones infundadas o vulneraciones a sus derechos.
La propuesta surge, según expone la legisladora, ante el incremento de casos en los que maestras y maestros han sido víctimas de señalamientos sin sustento, agresiones, hostigamiento y procedimientos administrativos que afectan su estabilidad laboral y emocional.
En la exposición de motivos, Hernández Aguirre señala que la labor docente enfrenta un contexto cada vez más complejo y vulnerable, pese a la relevancia social que representa para la formación de niñas, niños y adolescentes.
“Ser maestra o maestro es asumir una responsabilidad que va mucho más allá de impartir una clase. Es formar personas, integrarse en la comunidad y contribuir todos los días al futuro de nuestro estado”, señala la iniciativa.
La legisladora sostiene que durante el último año ha mantenido contacto con integrantes del magisterio coahuilense que han manifestado sentirse desprotegidos frente a acusaciones que, en algunos casos, terminan afectando su reputación, su salud mental e incluso su permanencia en el servicio educativo.
De acuerdo con datos citados en el documento, hasta el 90 por ciento del profesorado ha reportado haber sido víctima de insultos, burlas o humillaciones, mientras que a nivel nacional más de mil docentes habrían sido separados de sus funciones a partir de acusaciones anónimas o sin investigaciones concluidas.
La iniciativa también hace referencia a casos ocurridos en Coahuila, donde presuntamente algunos señalamientos fueron utilizados como mecanismos de presión o extorsión contra trabajadores de la educación.
Entre ellos se menciona el caso del profesor Alain, de Saltillo, quien fue absuelto de acusaciones en su contra tras un proceso judicial, situación que, según la legisladora, evidenció la vulnerabilidad que enfrentan los docentes cuando son objeto de denuncias que posteriormente resultan infundadas.
Asimismo, el proyecto retoma el testimonio de la maestra Sandra Margarita Rodríguez Quirino, quien habría enfrentado acusaciones falsas y presuntos actos de abuso de autoridad dentro de su centro de trabajo, situación que derivó en afectaciones a su salud emocional.
“Las acusaciones falsas no son un juego, y señalar esta realidad no es un capricho: es reconocer un problema que afecta la salud, la estabilidad y la vida de quienes enseñan”, se argumenta en la iniciativa.
La nueva legislación propone establecer mecanismos específicos de protección para el personal docente, entre ellos asesoría jurídica, atención psicológica, acompañamiento institucional y medidas de restitución cuando se compruebe que una acusación fue infundada o maliciosa.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento del principio de presunción de inocencia dentro de procedimientos administrativos promovidos ante autoridades educativas, garantizando que ningún docente sea tratado como responsable hasta que exista una resolución firme emitida por la autoridad competente.
Además, se establece el derecho a una defensa adecuada, acceso oportuno a la información sobre cualquier procedimiento en su contra y la posibilidad de presentar pruebas durante las investigaciones.
La propuesta también contempla la elaboración de un protocolo especializado para la atención de denuncias y quejas contra docentes, el cual deberá construirse con la participación de agrupaciones magisteriales y bajo criterios de transparencia y objetividad.
MORENA subraya que la iniciativa no busca obstaculizar las denuncias ni limitar la protección de niñas, niños y adolescentes, sino generar un equilibrio entre el interés superior de la niñez y los derechos fundamentales del personal educativo.
“Esta ley no busca encubrir conductas indebidas, sino proteger a la comunidad educativa en su conjunto, reconocer su valor social y permitir que maestras y maestros desempeñen su labor con mayor seguridad, confianza y respaldo institucional”, señala el documento.
De ser aprobada, la Ley para la Protección de la Dignidad, Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación en el Estado de Coahuila establecería por primera vez en la entidad un marco legal específico para la atención de acusaciones infundadas contra docentes y para la protección integral de sus derechos laborales, humanos y profesionales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
