El diputado del PRI aseguró que garantizar una pensión digna para estas víctimas de la violencia, es un derecho constitucional, no una dádiva.
Ciudad de México.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para garantizar una pensión digna a las viudas y huérfanos de personas fallecidas por hechos de violencia vinculados al crimen organizado, con el objetivo de asegurar su subsistencia y desarrollo, evitando que la tragedia se traduzca en pobreza y exclusión.
El legislador del PRI puntualizó que la propuesta establece que dicha pensión no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente y deberá constituirse como un derecho permanente, exigible y ajeno a la discrecionalidad administrativa. Para su implementación, dijo, se plantea la creación del Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, el cual será administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El coordinador parlamentario precisó que este fondo se integrará con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, donaciones y otras aportaciones, bajo criterios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
“Esta iniciativa busca evitar que la violencia genere una segunda víctima: la supervivencia de los hogares. No se trata de asistencialismo, sino de justicia constitucional”, subrayó.
Rubén Moreira argumentó que el proyecto de ley responde a una crisis de violencia que impacta profundamente a las familias mexicanas. Refirió que en 2024, México registró 33 mil 241 homicidios, con una tasa de 25.6 por cada 100 mil habitantes; además, 23.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito, mientras que el 93.2 por ciento de estos no se denunció o no derivó en investigación.
“Estas cifras reflejan que la violencia no sólo cobra vidas, sino que desarticula familias enteras, dejando a miles de hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social”, enfatizó.
El coahuilense explicó que, además, el modelo actual de atención a víctimas resulta insuficiente, ya que depende de mecanismos de reparación del daño sujetos a disponibilidad presupuestaria. Recordó que en 2020 se eliminó el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo que debilitó la capacidad del Estado para responder a las víctimas.
Advirtió que la pérdida del sostén económico del hogar, sumada al impacto emocional, genera condiciones de precariedad que derivan en abandono escolar, trabajo infantil y ciclos de exclusión social.
Por lo anterior, la iniciativa que adiciona el artículo 4º constitucional para reconocer el derecho de las viudas y huérfanos a recibir una pensión digna, contempla un régimen transitorio donde el Congreso contará con 90 días, desde la entrada en vigor de la reforma, para realizar las adecuaciones a la legislación secundaria, y la CEAV tendrá 180 días para constituir y poner en operación el Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia.
Finalmente, el diputado Rubén Moreira reiteró que esta reforma busca colocar en el centro de la acción del Estado a las víctimas indirectas de la violencia, reconociendo que la justicia no se limita a la persecución del delito, sino que implica garantizar condiciones materiales de vida. (El Heraldo de Saltillo)
