Con el fin de prevenir incrementos injustificados por parte de comercios y proveedores, ante el alza en energéticos debido a conflictos bélicos, el Congreso de Coahuila solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor realizar supervisiones periódicas de los precios de productos esenciales.
Fue por medio de diputado Felipe González Miranda, del grupo parlamentario del PRI que se presentó esta iniciativa ante el legislativo, debido a que en meses recientes diversos grupos sociales han expresado inquietud por el alza en el costo de productos básicos como granos, lácteos, carnes, aceites, frutas y verduras.
El legislador priísta hizo especial interés en que se ha señalado que estos aumentos no son proporcionales ni corresponden a cambios reales en los costos de producción o distribución en México.
Presentó datos de que, según el INEGI, en áreas urbanas se requieren 4 mil 940 pesos para adquirir la canasta básica, mientras que en zonas rurales se necesitan 3 mil 553 pesos para cubrir las necesidades fundamentales.
Es decir, que el aumento de precios supera el 3.1% de la inflación promedio global, mientras que en las zonas rurales, la canasta básica ha experimentado un incremento del 6.1%, y en las zonas urbanas, del 5.6%, lo que, en ambos casos exceden la inflación en México para el mes de marzo, del 4.6%.
Por ello, el legislador priísta considera de suma importancia que se lleven a cabo supervisiones periódicas y se obligue a los establecimientos a obedecer las regulaciones de forma inmediata, pues la protección del consumidor además de una obligación legal, es una responsabilidad social ineludible que demandan sectores sociales y comerciales, y deben vigilar las autoridades federales, estatales y municipales.
De ahí que vio la necesidad de solicitar a Profeco, cuya finalidad es promover y salvaguardar los derechos de los consumidores, y por ende cuenta con facultades específicas para monitorear, verificar y sancionar prácticas comerciales que perjudiquen de manera injustificada la economía de las familias.
Por eso, a través del Congreso, pide que realice esta labor de vigilancia y supervisión de los precios en los productos de la canasta básica, para evitar que se siga afectando a los coahuilenses, sobre todo los más vulnerables.
