Iniciemos con un breve diagnóstico. En 2025 el primer año del sexenio, de la presidenta Claudia Sheinbaum, la inversión pública se contrajo -28,4% real, lo que implicó la peor caída de gasto en obras tres décadas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
En el sector público, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la inversión física cayó – 30,3% anual real en enero de 2026, lo que representó la peor contracción para un mes de enero desde 2016. En enero el sector energético resultó el más afectado por la reducción en la inversión, seguido del rubro de agua potable y alcantarillado.
La inversión fija bruta se contrajo -1,1% en enero respecto del mes inmediato anterior, una caída que ocurrió después de tres meses de variaciones positivas que habían dado esperanza sobre una recuperación de la inversión en el comienzo de año.
A tasa anual, la inversión fija bruta cayó -2,2% en el primer mes del año, por lo que sumó 16 meses al hilo en terreno negativo, de acuerdo con datos del INEGI. Al interior, resaltó que la inversión en maquinaria y equipo cayó -8% anual.
Pues bien, ante ese diagnóstico, tenemos que la presidenta Sheinbaum presentó a inicio de febrero el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con la apuesta de invertir MXN$5,6 billones, principalmente en energía, durante su periodo presidencial, a través de diversos esquemas de financiamiento que permitan potenciar la inversión pública.
Para 2026, el Presupuesto para inversión pública es de poco más de MXN$900.000 millones, pero con los esquemas de financiamiento que se implementarán, Sheinbaum estima que habrá una inversión adicional de MXN$722.000 millones, lo que representa un aumento equivalente a 2% del PIB.
Entre los instrumentos para hacer realidad esos nuevos esquemas de financiamiento e inversión, la semana pasada el Congreso de la Unión aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El nueve de abril, en su edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó la ley que es de orden público, y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de la participación del sector público, privado y social, que fortalezcan la Soberanía Nacional, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se sujetarán en todo momento a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas vigentes en materia de gasto público, presupuestaria, deuda, y demás que resulten conducentes.
Este instrumento jurídico pretende, entre otras cosas, detonar el crecimiento económico y la prosperidad compartida; reducir las brechas de desigualdad social; promover el acceso de la población a los servicios básicos; favorecer estrategias de desarrollo económico sostenible y regional, y cumplir y alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, y a los Programas que deriven del mismo, o en su caso sean prioritarios para la consecución de las metas fijadas por la Administración Pública Federal, sin que dicha alineación implique, por sí misma, autorización para el ejercicio de recursos públicos.
La ley da un giro en la concepción que se tenía en el sexenio anterior y busca adecuarse a la problemática que vive actualmente el país.
Este nuevo marco normativo busca regular y potenciar los mecanismos de inversión para proyectos de infraestructura pública estratégica mediante la participación de los sectores público, privado y social.
Su objetivo es regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos estratégicos bajo principios de eficiencia y transparencia.
Con la creación de vehículos financieros, el Gobierno de Sheinbaum busca canalizar capital privado, banca de desarrollo y ahorro institucional hacia infraestructura pública, sin que sea gasto público y sin que genere deuda y afecte al déficit fiscal.
Asimismo, la Ley contempla la creación de la figura Vehículos de Propósito Específico, que define como las sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica, que permitan generar una coordinación entre los sectores público, privado o social, en materia de infraestructura.
También se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano de alto nivel presidido por la titular del Ejecutivo Federal, con participación de 12 dependencias y 9 invitados permanentes, para la coordinación transversal de la inversión en infraestructura.
En cuanto a las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se agrega un nuevo artículo 35 Bis de flexibilidad regulada, en el que se autoriza, por excepción у con autorización de la Secretaría de Hacienda, el inicio de procedimientos de contratación antes de contar con la suficiencia presupuestaria definitiva.
Otro cambio es la redefinición del gasto corriente estructural, con la reforma se excluyen de su definición los programas sociales universales constitucionales y los servicios personales de educación, salud y seguridad pública.
También precisa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán prever los compromisos de gasto de los contratos de inversión estratégica, para los cuales, el registro presupuestario deberá realizarse conforme a los pagos asociados a los mismos, en términos de los plazos o periodos establecidos en los contratos de infraestructura estratégica. (bloomberglinea.com)
Adecuar el marco jurídico siempre será necesario en un mundo de flujo y cambio constante.
Lo importante es tener siempre presente que es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias.
Por otra parte, el gobierno y su administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta.
Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.
Mi Maestro, Daniel Acosta Esparza, me enseñó que la administración pública se define fundamentalmente por su carácter práctico; esto es, el conocer es hacer, o expresado en otros términos: el axioma del administrador público se sintetiza en la ecuación objetivo=resultados.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
