Desaparecidos dos veces: cuando el Estado también borra
En México, la desaparición de personas tiene una dimensión que va más allá de la violencia física: la desaparición en el discurso. Porque cuando el Estado minimiza el problema, lo que ocurre es una segunda forma de desaparición, quizá menos visible, pero igual de devastadora.
Diversas organizaciones y colectivos han denunciado que las recientes modificaciones en las cifras oficiales no sólo carecen de transparencia, sino que apuntan a una reducción artificial del problema. Según reportes recientes, incluso se habla de un “rasurado” de cifras que diluye la magnitud real de la crisis y, con ello, las responsabilidades del Estado.
Este intento de reconfigurar el problema desde los números no es neutro. Tiene consecuencias profundas. Porque detrás de cada cifra hay una historia, una familia, una búsqueda que no termina. Reducir los números no reduce el dolor; lo deslegitima.
El concepto de “desaparecidos dos veces” resume con crudeza esta realidad: primero desaparecen en la vida real, y después desaparecen en las estadísticas oficiales. Es una idea incómoda, pero necesaria. Porque evidencia que el problema no es sólo la violencia que provoca las desapariciones, sino la manera en que el Estado responde, o deja de responder,ante ellas.
A nivel internacional, las señales son igualmente alarmantes. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha documentado no sólo la magnitud del problema, sino también las fallas estructurales en los procesos de búsqueda e investigación. Entre ellas, destacan demoras críticas en la obtención de evidencia, deficiencias en el análisis forense y, en algunos casos, incluso obstáculos a la participación de las familias.
Este último punto es especialmente grave. Las familias no sólo enfrentan la ausencia de sus seres queridos, sino también barreras institucionales, periodos prolongados sin información e incluso amenazas o intimidaciones relacionadas con su labor de búsqueda. Es decir, quienes deberían ser acompañados por el Estado, terminan enfrentándolo.
Frente a este panorama, múltiples organizaciones han solicitado incluso la intervención internacional, al considerar que en México podrían existir condiciones de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Que un país democrático llegue a este punto debería ser motivo de una profunda revisión institucional.
Sin embargo, el discurso oficial parece ir en sentido contrario. En lugar de reconocer la gravedad del problema, se intenta contenerlo desde la narrativa. Se habla de avances, de depuraciones, de nuevas clasificaciones. Pero poco se dice sobre los resultados concretos en la localización de personas.
El riesgo de este enfoque es evidente: cuando la prioridad es cuidar la imagen, las víctimas dejan de ser el centro de la política pública.
Atender la crisis de desapariciones exige algo más que ajustes estadísticos. Requiere empatía, compromiso y una decisión firme de enfrentar la realidad tal como es, no como se quisiera que fuera.
Porque en este país, hay miles de personas que siguen esperando. Y en esa espera, lo mínimo que se les debe no es una cifra… es la verdad.
