Activismo & show mediático: no es lo mismo defender que protagonizar
Cuando la activista Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, alza la voz por un caso de violencia contra la mujer —como lo ha hecho por Esthela o por Karina— lo hace con lo que distingue: activismo genuino, sensibilidad, responsabilidad y profesionalismo.
Cuando decide respaldar una causa es porque ha identificado un riesgo real para la víctima y porque considera que esa mujer puede estar siendo usada como blanco por el mismo sistema que debería protegerla. La voz de Rosa María Salazar es la de un gran número de mujeres a quienes su fundación ha rescatado de un círculo de violencia y, en algunos casos, de un destino de feminicidio.
Así se pronunció el pasado miércoles en el caso de Karina, detenida el 20 de marzo por violencia familiar y sustracción de su hijo menor, hoy con prisión preventiva como medida cautelar y brazalete electrónico. Eso es activismo. Lo que vino después tiene otro nombre.
Las redes sociales se convirtieron en un ring donde las representantes legales de ambas partes se lanzaron acusaciones mutuas, ataques personales y señalamientos fuera de contexto, con una urgencia que tenía menos de indignación jurídica y más de estrategia mediática y posicionamiento personal. En medio de un caso donde hay un niño de alrededor de ocho años institucionalizado y separado de su madre, el espectáculo ofrecido al público fue una pelea de egos con toga.
Tras una serie de acusaciones que llegaron a involucrar a los cónyuges de jueces y magistradas —personas que no tienen nada que ver en este asunto—, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, salió evidentemente molesto a lanzar advertencias directas: los jueces no litigan en medios, no admiten presión por redes sociales, y quienes imputan falsamente a alguien deben medir sus palabras porque eso puede sustentar la comisión de un delito.
Mery Ayup señaló además algo que debería sacudir la conciencia del gremio: hay abogados que manipulan el sistema provocando a jueces para inhabilitarlos uno a uno, hasta que el caso caiga en el escritorio que conviene. Una maniobra costosa para todos, excepto para quien cobra honorarios mientras el proceso se alarga.
No es la primera vez que esto se señala en Coahuila. La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, ya había hecho ese llamado desde el caso de Esthela: que los abogados prioricen el interés superior de los menores.
El fondo del caso de Karina merece análisis serio: una orden de aprehensión por violencia familiar en modalidad psicológica y sustracción de menor, frente a un antecedente de violencia que presuntamente sufrio Karina por parte de quien hoy la denuncia y una carpeta de investigación por presunto abuso sexual contra el niño, documentos que la defensa afirma acreditan la guarda y custodia y una autorización de salida del país. Todo eso debe ventilarse donde corresponde: en la audiencia. Y aunque también es válido —y a veces necesario— exhibirlo ante la opinión pública, esto debe hacerse desde la voz y con la autorización de los protagonistas, de forma profesional y seria; no desde la de sus abogados
Las víctimas —o quienes se sientan afectados por un hecho— tienen el derecho de compartirlo con la opinión pública. La sociedad puede y debe funcionar como ciudadano vigilante, y eso tiene valor. Los abogados también pueden informar, pero con profesionalismo y con la autorización expresa de sus clientes. ¿En qué momento se adueñaron de los casos para exhibirlo de forma tan burda, distorsionando el objetivo principal, que es acceder a la justicia, y convirtiéndolos en circo?
Que los medios y las redes amplifiquen el ruido no es culpa de quien informa con rigor. Pero cuando una de las partes invita a los medios a «investigar», conviene recordar que los periodistas tenemos la facultad y la capacidad de buscar fuentes y construir evidencia, pero no somos ministerios públicos ni jueces. Son ellos quienes tienen acceso a los expedientes. A nosotros nos corresponde dar voz y exigir respaldo para lo que se nos dice.
Cuando la estrategia jurídica se diseña para la pantalla y no para el juzgado, cuando se usa la causa de una mujer en situación vulnerable para crecer en seguidores, la justicia va por mal camino. No se les olvide que hay un niño esperando que los adultos de este caso actúen como tales; y quienes son clave para que se llegue a la justicia —hablando específicamente de los representantes legales de las partes— no lo están haciendo.
