Para el ciudadano de a pie, enfrentarse al sistema penal mexicano —ya sea como víctima o como persona procesada— puede convertirse en una auténtica tortura; es atravesar un laberinto desgastante, lento y, en ocasiones, profundamente injusto. Aunque incomode decirlo, nuestro sistema penal es profundamente deficiente. No se trata de una exageración ni de una postura ideológica: lo confirman los datos. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, México se ubica en los últimos lugares a nivel mundial en materia de justicia penal. Dicho en términos simples: el sistema no está funcionando como debería.
Y eso se siente en la calle. Se refleja en la impunidad, en la inseguridad, en la desconfianza, en la dificultad para atraer inversiones y, sobre todo, en algo más grave: en la percepción de que la justicia no llega, o llega mal.
Pero esto no es nuevo. Desde hace décadas se viene diciendo lo mismo, pero ahora ya no se puede ignorar. En 2006, Roberto Hernández sacudió al país con El túnel. Ahí mostró lo que muchos sabían, pero nadie había explicado con tanta claridad: el sistema penal no buscaba justicia, buscaba cerrar casos. Años después, junto con Layda Negrete, presentó Presunto culpable (2008), una historia real digna de ficción por lo absurda: una persona inocente atrapada en un sistema incapaz de corregirse a sí mismo.
Fue hasta 2008 cuando ocurrió el gran giro. México apostó por un sistema penal acusatorio, con juicios orales, presunción de inocencia, igualdad entre las partes y jueces más activos. En 2011, además, se incorporó el enfoque de derechos humanos, elevando el estándar constitucional. Sobre el papel, México dio un salto enorme. Pasó de un modelo tradicional a uno que, en teoría, está a la altura de los sistemas más avanzados del mundo.
Una nueva evaluación ciudadana eliminó el maquillaje. En 2021 Duda razonable: Historia de dos secuestros, dirigida por Roberto Hernández y producida por Layda Negrete quitó los maquillajes. Y el mensaje fue incómodo: el sistema cambió en el papel, pero en la práctica los problemas seguían ahí.
Para entender por qué pasa esto, hay que mirar a la Constitución. Desde 1917, la Constitución Política, ya había definido un modelo penal muy claro: un sistema escrito, centrado en expedientes, con un Ministerio Público poderoso y con derechos para el acusado que muchas veces existían más en el texto que en la realidad.
Durante décadas hubo reformas, sí, pero fueron ajustes. Se modificaron reglas sobre detenciones, plazos, facultades de las autoridades. Se fortaleció al Estado y se endureció el castigo. Pero no cambió la lógica del sistema. Seguía siendo el mismo.
Aquí viene el problema de fondo: cambiar la Constitución no cambia automáticamente la realidad.
Porque mientras el texto habla de debido proceso, en la práctica siguen existiendo investigaciones deficientes. Mientras se reconoce la presunción de inocencia, persisten inercias que tratan al acusado como culpable desde el inicio. Mientras se promete justicia pronta, las víctimas siguen enfrentando procesos largos, desgastantes y, muchas veces, inútiles.
Las reformas más recientes tampoco han resuelto esta tensión. La ampliación de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ha sido muy cuestionada por su choque con los derechos humanos. Y la discusión sobre la reforma judicial ha terminado atrapada más en intereses políticos que en una verdadera preocupación por mejorar la justicia. Y ahí es donde está el punto más delicado: la justicia penal se ha discutido mucho en los foros políticos y en los escritorios académicos, pero poco con las personas que la viven.
Porque el sistema penal no es un concepto abstracto. Tiene rostro. Es la víctima esperando años. Es la persona procesada sin entenderlo del todo, con miedo, con incertidumbre. Es la familia de las personas víctimas o de las procesadas que queda en medio de un proceso que desgasta, que consume, que muchas veces destruye.
Por eso, quizá la pregunta ya no es cuántas reformas más necesitamos, sino algo más incómodo: ¿para quién o para qué está funcionando realmente el sistema penal?
Tal vez ha llegado el momento de hacer algo distinto. De escuchar, de verdad, a las víctimas. De escuchar también a las personas procesadas. Porque, seamos claros: ¿quién acompaña a una víctima cuando pasan meses —o años— sin respuesta? ¿Cuántas veces tiene que repetir su historia hasta que alguien le crea? ¿Qué pasa con su vida mientras el proceso avanza lento, o no avanza? ¿Y del otro lado? ¿Qué significa cargar con una acusación antes de que se pruebe algo? ¿Cuántos pierden su trabajo, su tranquilidad, su nombre? ¿Quién repara el desgaste, el miedo, los años perdidos? Seguimos contando, revisando y teorizando sobre casos resueltos, pero no cómo se resolvieron ni a qué precio.
Porque al final, la justicia no se mide en artículos constitucionales ni en reformas publicadas o en el Diario Oficial. Se mide en algo mucho más simple —y mucho más incómodo—: en la experiencia real de las personas. Y en esa medida, hoy por hoy, el sistema penal mexicano sigue reprobado.
